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Opiniones de hoy

Derecho a saber sobre las elecciones

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Durante los anteriores procesos electores, desde que se instaló el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el 30 de junio de 1983, las autoridades electorales, en alguna medida, han informado a la ciudadanía, de manera cierta y periódica, sobre la organización de los comicios, la logística electoral, la depuración del padrón electoral, la seguridad en los centros de votación, la funcionalidad del sistema informático y la integración de las juntas electorales y receptoras de votos. Aunque se reconoce que la actual magistratura del TSE, por primera vez en la historia, ha manifestado voluntad política en torno a calificar si los candidatos a cargos de elección popular son capaces, idóneos y honrados, y ha puesto el dedo en la llaga en cuestión de gastos de campaña, la información con la que cuenta la ciudadanía, a estas alturas, es insuficiente, incompleta e incierta, para adoptar cualquier actitud en defensa de sus derechos cívicos y políticos.

Por tanto, el pasado viernes 21, Marta Altolaguirre, Annabella Morfin, Hugo Maul y Mario Fuentes Destarac, en ejercicio del derecho constitucional de velar por la libertad y efectividad del sufragio, y de la pureza del proceso electoral, así como en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública, solicitaron, en otras, a la Unidad de Información del TSE las siguientes informaciones pertinentes: (i) La información y documentación relacionada con la constatación, verificación, auditoría y determinación del financiamiento político privado (bienes dinerarios y no dinerarios) de los partidos políticos durante los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015; (ii) La información y documentación relacionada con la constatación, verificación, auditoría y determinación del monto de los gastos (bienes dinerarios y no dinerarios) incurridos en propaganda electoral por los partidos políticos antes (hasta tres años antes) del 2 de mayo de 2015, fecha de la convocatoria a elecciones, y después de dicha fecha hasta lo que va del actual proceso electoral; (iii) La información y documentación relacionada con la constatación, verificación, auditoría y determinación de cualquier tipo de financiamiento electoral ilícito que presuntamente hubieren obtenido o utilizado los partidos que pudiere encuadrarse dentro del delito de financiamiento electoral ilícito, así como las denuncias presentadas por la autoridad electoral en su caso; (iv) La información y documentación relacionada con la constatación, verificación, auditoría y determinación de los montos de los gastos (bienes dinerarios y no dinerarios) incurridos en propaganda político-electoral por asociaciones, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, consorcios o entidades no lucrativas en general antes (hasta tres años antes) del 2 de mayo de 2015, fecha de la convocatoria a elecciones, y después de dicha fecha hasta lo que va del actual proceso electoral; (v) Información pertinente y suficiente sobre todas las alteraciones, perturbaciones, trastornos, desfiguraciones, contaminaciones de virus informáticos, menoscabos, pérdidas o tergiversaciones de datos y daños causados al sistema informático del TSE, especialmente al padrón electoral y al sistema de información o de cómputo de transmisión de resultados electorales, por ataques cibernéticos contra el portal de Internet y el sistema informático del TSE llevados a cabo por hackers u organizaciones que clandestinamente ingresan a los sistemas informáticos con fines insospechados, así como, en su caso, los mecanismos o medios de subsanación o reparación de dichas anomalías e irregularidades o para evitar ataques cibernéticos similares o más virulentos en el futuro; (vi) Información completa sobre la integración y juramentación de las juntas electorales y receptoras de votos y las mesas receptoras de votos, así como las medidas de seguridad que se han adoptado para garantizar la transparencia, seguridad y tranquilidad durante la celebración de los comicios el 6 de septiembre de 2015 y la conservación, custodia e inviolabilidad de la documentación electoral; (vii) La información y documentación relacionada con la constatación, verificación, auditoría y determinación de la propaganda político-electoral llevada a cabo, a través de ejecución de gasto público y de promoción de obras públicas con fines electorales, por órganos, entidades, dependencias, funcionarios y empleados del sector público antes (hasta tres años antes) del 2 de mayo de 2015, fecha de la convocatoria a elecciones generales, y después de dicha fecha hasta lo que va del actual proceso electoral; y (viii) Qué criterios, parámetros y perfiles ha venido utilizando el TSE para determinar los méritos de capacidad, idoneidad y honradez de los candidatos a cargos de elección popular.

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