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Opiniones de hoy

Competencia electoral legítima

opinion

La Constitución no puede ser enjuiciada por tribunal alguno.

Quien compite o contiende con la finalidad de ser elegido para ocupar cargos públicos de elección popular, debe cumplir los requisitos exigidos por la Constitución y no estar comprendido dentro de las prohibiciones contenidas en la Carta Magna. De suerte que no pueden competir ni ser reconocidos como legítimos competidores en una justa electoral quienes no cumplieren los requisitos constitucionales, que incluyen los méritos de capacidad, idoneidad y honradez, ni quienes, de acuerdo con la Constitución, tuvieren impedimento para optar a los cargos públicos de elección popular en disputa.

La autorización de un competidor ilegítimo o no idóneo (sin la cualidad para poder competir) en una contienda electoral inequívocamente sería nula de pleno derecho, es decir que no tendría valor ni fuerza para obligar o tener efecto, por ser contraria a normas imperativas o prohibitivas expresas. En otras palabras, una autorización tal sería jurídicamente inexistente.

Empero, no solamente la autorización de dicha participación sería nula, sino que, de conformidad con lo que ordena la Constitución, también sería nulo el mandato que se pretenda ejercer en caso de que el competidor ilegítimo contendiere y fuere declarado electo.

En todo caso, debe tenerse presente que la Constitución no puede ser enjuiciada (sometida a examen, discusión o juicio) por tribunal alguno, incluso por el tribunal de lo constitucional, por lo que no sería válido ni surtiría efecto alguno que un tribunal no aplicare, suspendiere o restare eficacia o vigencia a una norma constitucional imperativa o prohibitiva expresa. Lo anterior sin perjuicio de que sería un crimen de lesa patria, porque agraviaría al Estado de Derecho.

 En ese sentido, cabe traer a colación que la Corte de Constitucionalidad, en resolución de fecha 24 de agosto de 2006 (Expediente # 2269-2006), expresó que “pretender y aún peor, declarar una inconstitucionalidad de lo constitucional implicaría una crítica tensión social por sostener una paradoja u oxímoron destructor de la seguridad jurídica que el concepto de supremacía implica. Contravendría la lógica de lo razonable la aceptación de que una norma constitucional estaría en capacidad de derogar otra de la misma naturaleza (…). Esta Corte (…) no tiene, como tampoco la tendría ningún otro Tribunal, jurisdicción para enjuiciar a la Constitución”.

De cualquier manera sobre los ciudadanos pesa la responsabilidad de observar y hacer valer, incluso mediante el ejercicio del derecho de resistencia, el deber cívico que les impone la Constitución de velar por el cumplimiento de esta, por la efectividad del sufragio y por la pureza del proceso electoral, así como de defender el principio de alternancia y no reelección presidencial. ¡Ineludible!

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