Desde las dos pasadas campañas, las prácticas corruptas a lo interno del Partido Patriota eran la norma. De la elección 2007, Roxana Baldetti pudo reunir los Q4.5 millones para adquirir un lujoso chalet en Marina del Sur. Los fondos, se cree, habrían sido donaciones realizadas para la campaña del partido que fueron canalizadas vía la entonces diputada.

Para la campaña 2011, el partido instauró la norma que el recaudador podría cobrar un diez por ciento de comisión sobre donaciones, lo que permitiría a sus miembros enriquecerse en función a la atracción de fondos. También, en un caso conocido en los corridos del partido, Aleks Castillo y Edgar Cristiani –encargados de células y organización– habrían sobrevalorado por varios cientos de miles de quetzales la compra de 800 mil carnés de identificación para las células. Y por si fuera poco, al finalizar la campaña, tanto Otto Pérez como Roxana Baldetti adquirieron y remodelaron propiedades; el primero, amplió su finca en Zaragoza, y la segunda adquirió una nueva residencia en Eucaliptos.

Las corruptelas ya eran la norma desde campaña. Y una vez en el Gobierno, el Patriota se convirtió en una banda de asalto al erario público. Revisar la conformación del Comité Ejecutivo Nacional y la vinculación de sus personajes con casos anómalos, valida esta hipótesis.

Las investigaciones de CICIG y MP han revelado que Otto Pérez y Roxana Baldetti dirigían La Línea, a través de Juan Carlos Monzón y Estuardo González. Pero esta no era la única fuente de enriquecimiento. En salud, Pérez y Baldetti ordenaban prioridades de pago a proveedores. En Fondo de Tierras, el presidente utilizó empresas de cartón para comprar parcelas entregadas vía procedimientos anómalos a campesinos que trabajaban en su finca de Morales, Izabal.

Más abajo, Juan de Dios Rodríguez tomó por asalto el patrimonio del Seguro Social. Gustavo Martínez, secretario de Organización del Partido, se convirtió en un traficante de influencias. Michelle Martínez, secretaria adjunta, es investigada por el caso del Lago de Amatitlán. Mauricio López, también secretario adjunto, es investigado por anomalías en el contrato de cámaras de video-vigilancia y por los privilegios que gozaba Jairo Orellana en prisión.

Dentro del resto de miembros del Comité Ejecutivo, la gestión de Otto Pérez Leal, Vocal I, al frente de la Municipalidad de Mixco ha generado dudas respecto al manejo de los negocios de la comuna. El vocal II, Aleks Castillo, ha mostrado un incremento sospechoso de su patrimonio. El Vocal VIII del Partido, es el prófugo Juan Carlos Monzón. La vocal IX, Daniela Beltranena, estaría siendo investigada por encubrimiento propio por el caso de la desaparición de Monzón. El vocal XII, Carlos Batzín, exministro de Cultura, habría salido por la puerta de atrás, por denuncias de anomalías en su gestión. Y los vocales XV y XVII, Edgar Cristiani y Juan Pablo Urrea, recién fueron señalados por una investigación de Contrapoder de copar la Dirección General del Deporte para financiar el entretenimiento en los mítines partidarios.

El Partido Patriota pasará a la historia como una banda de criminales, asaltantes del erario público. Y Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti serán recordados como los capos de esa banda.