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Opiniones de hoy

Revisión de pactos de trabajo en el sector público

opinion

El plazo de vigencia del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), bajo la conducción del exministro Jorge Villavicencio, y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG), el 21 de agosto de 2013, con vigencia de dos años,  con el aval de la Procuraduría General de la Nación y del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, vencerá el 12 de septiembre de 2015.

 

Por cierto, este Pacto fue presentado en su oportunidad como un gran logro del régimen de Otto Pérez, así como ocurrió con el Contrato de Usufructo de Puerto Quetzal, que será denunciado por la Contraloría General de Cuentas como lesivo para los intereses del Estado. Los sindicalistas, por su parte, llamaron a Pérez como el “presidente amigo”.

 

Desde que se tuvo acceso al contenido del susodicho Pacto se detectaron varias disposiciones gravosas para el Estado de Guatemala y jurídicamente cuestionables, tales como la creación de una comisión bilateral conformada por dos representantes del SNTSG y dos representantes del MSPAS, para la discusión e implementación de los procesos de ingresos, ascensos, traslados y permutas de trabajadores, el pago de onerosos bonos por antigüedad real, el pago de altas sumas de dinero en concepto de viáticos a los sindicalistas, el numeroso grupo de sindicalistas (2 mil 69) con “licencia sindical” para no laborar, la prohibición de que los trabajadores puedan ser despedidos sin justa causa mediante el correspondiente pago indemnizatorio, así como la sustitución de la indemnización por despido injustificado por la prestación denominada “compensación económica por tiempo de servicio”, a razón de un mes de salario por cada año laborado sin límite, que es una suerte de indemnización universal. Esto último no obstante que la Constitución dispone: “Los trabajadores del Estado, al ser despedidos sin causa justificada, recibirán su indemnización equivalente a un mes de salario por cada año de servicios continuos prestados. Este derecho en ningún caso excederá de diez meses de salario”. Lo anterior sin perjuicio de los millonarios honorarios profesionales, con cargo al Estado, que se pagaron al abogado del SNTSG por el asesoramiento en la negociación del mencionado Pacto.

 

Ha trascendido que el SNTSG está solicitando que en el nuevo Pacto se incorpore que el número de sindicalistas que gozan de “licencia sindical” se aumente de 2 mil 69 a 12 mil, y que los viáticos de los sindicalistas se incremente en Q100 millones cada año. ¡Qué tal!

 

Sin duda, este Pacto ilustra sobre disposiciones gravosas y lesivas que se han venido negociando entre sindicatos del sector público y el Estado, en menoscabo de los intereses estatales, que imperativamente deben ser revisadas.

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