En recientes declaraciones, el jefe de la CICIG, Iván Velásquez, en relación a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Corte de Apelaciones (CA), expresó: “Los magistrados deben olvidarse de quién los ayudó a llegar”, en clara alusión a las “componendas políticas” que se dieron durante los procesos de postulación y elección de dichos magistrados el año pasado. Asimismo, Velásquez agregó que lo que se espera de los funcionarios judiciales (magistrados y jueces) es que resuelvan apegándose al “deber de la ingratitud” hacia quienes los eligieron. Sin duda, ésta es una frase elocuente que llama a los juzgadores a cumplir con su obligación constitucional de administrar justicia pronta y cumplida, y a no guardar “lealtad” o “agradecimiento” a quienes los designaron, que se traduce ni más ni menos en “garantizarles impunidad”.

Estas exhortaciones de Velásquez a los funcionarios del Organismo Judicial también les son aplicables a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que no han estado a la altura de la coyuntura política que vive Guatemala. En todo caso, para ninguno es un secreto que su elección por el Congreso también fue producto de una “componenda político partidista”.

Los partidos políticos con representación mayoritaria en el Congreso se repartieron el “pastel del TSE”. Es más, se sabe casi con absoluta certeza qué grupo político apoyó a cada uno de los candidatos a magistrado del TSE que finalmente resultó electo por el Congreso.

Casualmente, dichos partidos y sus candidatos son los que se han excedido del límite de gastos de campaña electoral (entre gastos en propaganda anticipada y en propaganda después de la convocatoria a elecciones), que, por cierto, el auditor interno del TSE niega que sea así. Negando lo innegable. ¡Por favor! Asimismo, estos partidos son los que están postulando a la mayor cantidad de candidatos a cargos de elección popular cuestionados por falta de idoneidad, que no deberían haber sido inscritos por el Registro de Ciudadanos. De verdad, no nos conformamos con que solo a Alfonso Portillo se le impida ser candidato a diputado. ¡Exigimos la cancelación de las inscripciones de todos los candidatos no idóneos! Por otro lado, ha trascendido que los magistrados del TSE rechazaron la candidatura de Zury Ríos no por convicción, sino por presión de dos partidos infractores de las reglas de financiamiento político a los que nos les conviene que la hija de Ríos Montt candidatee. ¡Qué tal!

Finalmente, el financiamiento electoral ilícito ha sido destapado por la CICIG con lujo de evidencias, por lo que lo menos que se espera del TSE es que cancele ipso facto a los partidos denunciados, al amparo del Artículo 21 de la Ley Electoral, para sanear el proceso electoral. ¡Que no les tiemble la mano!