Una vez más en lo que va del año, la educación de nuestros niños y jóvenes guatemaltecos se ve amenazada. Por un lado, un paro de clases y, por el otro, dos atracos legales sin mayor fundamento a la Ministra de Educación.

Desde el 9 de junio, existen alumnos de nuestro sistema educativo que no han recibido clases debido a un llamado a Asamblea Permanente por parte del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG). Las razones son totalmente ajenas al tema educativo. El STEG exige el cumplimiento de una “agenda para refundar el Estado”, cuyas acciones serían: (i) nacionalizar la energía eléctrica, (ii) aprobar la iniciativa de Ley de Desarrollo Rural y (iii) reformar la Ley de Minería.

Los reportes de ausencia de clases han ido en aumento y la cantidad de escuelas cerradas es confusa. Al Sistema de Monitoreo, desarrollado por Mejoremos Guate y Empresarios por la Educación, han llegado reportes de escuelas cerradas desde: El Progreso, Huehuetenango, Zacapa, Izabal y Quetzaltenango. Por otro lado, medios de comunicación también han denunciado la ausencia de maestros en las aulas. En Petén, desde hace una semana, los maestros mantienen ocupada –también cerrada con candados– la Dirección Departamental de Educación de Flores. Además, bloquearon el paso vehicular por algunas calles importantes, como las que comunican al parque nacional Tikal y aquellas cercanas al aeropuerto Mundo Maya. En la comunidad de Lucerna en Siquinalá, Escuintla, padres de familia denunciaron a inicio de esta semana que aproximadamente 230 estudiantes de pre primaria y primaria no reciben clases desde el 10 de junio. Es de reconocer que hay maestros responsables que le han dado la espalda al sindicato y han atendido su obligación de atender a los niños los 180 días del año.

Recordemos que el tiempo en el aula es sumamente valioso. Guatemala, al igual que muchos otros países en América Latina, aún cuenta con deficiencias en este factor. Según el método de observación de clase Stallings, los docentes preparados dedican en promedio 85 por ciento de su tiempo de clase en instrucción y durante menos del seis por ciento del tiempo los alumnos están “no involucrados” en las actividades del aula. En América Latina ningún país se acerca a estos estándares. En el mejor de los casos, los maestros utilizan 65 por ciento del tiempo a instrucción, lo cual se traduce en un día de instrucción “perdido” por semana. En el caso de nuestro país, estamos muy lejos de cumplir con dicho estándar. A eso se le suma que ciertas escuelas llevan más de un mes de clases perdidas.

No obstante, los liderazgos negativos que afectan gravemente nuestro sistema educativo no terminan allí. La Ministra de Educación nuevamente se encuentra acosada a través de dos procesos judiciales injustificados. En primer lugar debido a una denuncia penal presentada al MP por parte de un auditor de la Contraloría General de Cuentas. Esta denuncia se refiere a una donación de 16 millones de euros de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo –AECID– en el 2010, año en que la ministra Del Águila ni siquiera figuraba en el Mineduc. Tal donación fue ejecutada en el 2011 por el gabinete de turno, destinada a un programa de reconstrucción por daños originados por la tormenta AgathaS y la erupción del volcán de Pacaya. Los papeles se encuentran en orden y evidencian que las obras fueron contratadas, ejecutadas, liquidadas y pagadas conforme a la ley, y que la Sra. Ministra no tuvo que ver con tal ejecución. Basta decir que dicha denuncia –con falta de fundamentos– es totalmente malintencionada

En segundo lugar, de nuevo la Cámara Guatemalteca de la Educación presentó un amparo en contra de la Corte Suprema de Justicia para que se revoque el rechazo a antejuicio que presentaron en contra de la Sra. Ministra. Dicha entidad acusa a la Ministra de delitos de incumplimiento de deberes, violación a la Constitución, abuso de autoridad y desobediencia a mandatos de las Cortes, al promover la implementación del Programa de Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Educación. Recordemos que esta iniciativa busca mejorar la calidad de nuestros maestros a través de elevar parte de la formación a nivel universitario. Este tipo de trampas a la gestión de la ministra Del Águila implican un retroceso a la búsqueda por reformar la educación y un freno hacia los esfuerzos por mejorar Guatemala.

Parece que muchos han olvidado que la educación es de la niñez y de la juventud. Los liderazgos negativos no tienen por qué atentar contra el derecho de educación de los niños. Su mejoramiento depende del compromiso que todos los guatemaltecos –maestros, sociedad civil, ciudadanos y gobernantes– empeñemos en ello. Si seguimos esforzándonos por ponerle trampas y “peros”, impediremos que nuestros niños tengan la mejor educación posible. Son 4 millones de estudiantes los que dependen de ello, ¿acaso ignoramos que son ellos los que más sufren con estos tropiezos? Al gremio magisterial y a los autores los procesos legales en contra de la Ministra de Educación, les pido que se pongan la mano en la conciencia y que antepongan los intereses del pueblo a sus propios. ¡Basta ya de tropiezos! Necesitamos cambiar el rumbo de Guatemala, una buena educación es, quizá, la única manera de lograrlo.

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