El Programa Mundial de Alimentos (PMA) anticipó que este año la inseguridad alimentaria moderada y severa iba a afectar al territorio nacional, debido a la sequía y dejar en estado de vulnerabilidad a casi un millón de personas.   Efectivamente, ha trascendido que en varios municipios del oriente del país la escasez de lluvia ha causado la pérdida casi total de los cultivos de maíz y frijol de subsistencia, lo que ha dejado en estado de vulnerabilidad a más de 110 mil familias. Y todavía falta lo peor.   El año pasado, el Gobierno, en lugar de adoptar acciones preventivas de cara a la anunciada sequía, esperó hasta que la situación era apremiante, por lo que tuvo que echar mano del Estado de Calamidad Pública para hacer frente a la crisis alimentaria; y, por supuesto, omitió los procedimientos de licitación y cotización previstos en la Ley de Contrataciones del Estado