El Programa Mundial de Alimentos (PMA) anticipó que este año la inseguridad alimentaria moderada y severa iba a afectar al territorio nacional, debido a la sequía y dejar en estado de vulnerabilidad a casi un millón de personas.

Efectivamente, ha trascendido que en varios municipios del oriente del país la escasez de lluvia ha causado la pérdida casi total de los cultivos de maíz y frijol de subsistencia, lo que ha dejado en estado de vulnerabilidad a más de 110 mil familias. Y todavía falta lo peor.

El año pasado, el Gobierno, en lugar de adoptar acciones preventivas de cara a la anunciada sequía, esperó hasta que la situación era apremiante, por lo que tuvo que echar mano del Estado de Calamidad Pública para hacer frente a la crisis alimentaria; y, por supuesto, omitió los procedimientos de licitación y cotización previstos en la Ley de Contrataciones del Estado para hacer las compras multimillonarias de alimentos.

La sequía en el año 2014 fue causada por el fenómeno de la corriente de El Niño, al igual que este año. Este es un fenómeno que fue previsible en 2014, pero, como ya se indicó, no fue atajado oportunamente por el Gobierno mediante la construcción de embalses, pozos, silos, etcétera. Por tanto, la sequía jamás debió haber derivado en un desastre y, menos aún, en un Estado de emergencia (Estado de Calamidad Pública), previsto para enfrentar catástrofes imprevisibles.

Este año, a pesar de la evaluación del PMA, tampoco se ha hecho nada para atajar los devastadores efectos de la sequía y estamos seguros que las compras de alimentos también se harán por excepción, lo que supondrá una inminente sobrevaloración; y, finalmente, también se parará decretando un Estado de emergencia, debido a una insoportable imprevisibilidad.

El Estado de emergencia (o de excepción) es un mecanismo constitucional de carácter extraordinario que el Gobierno puede adoptar para enfrentar adecuadamente alteraciones graves de la normalidad. La finalidad del Estado de Calamidad Pública es enfrentar catástrofes, calamidades, desgracias públicas (terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud), y crisis sanitarias (epidemias y situaciones de contaminación graves) imprevisibles no previsibles.

En Guatemala, bajo un Estado de Calamidad no puede esperarse otra cosa que un premeditado plan de “negocios corruptos”, al amparo por supuesto de la opacidad, los atajos a la ley y la ausencia de control y de rendición de cuentas.