Nadie me lo contó, yo estuve allí; la primera audiencia del nuevo juicio por la farsa del genocidio arrancó de forma premonitoria; el abogado del querellante reclamó al tribunal que a su representado se le haya exigido su DPI –del que carecía– para participar en la audiencia, y adujo que se le pidió su identificación por el hecho de ser indígena. Y la presidente del tribunal no solo le dio la razón, pero también explicó que el susodicho puede ejercer su derecho de resistencia. O sea que en adelante, quien se considere indígena podría, por ejemplo, cobrar un cheque sin tener que mostrar su identificación como lo hacemos los mortales comunes y corrientes, aduciendo para ello su derecho de resistencia. Esa es la clase de jueces que ahora juzgan a los generales Ríos Montt y Rodríguez Sánchez. Del mismo plumaje que los anteriores.   La presencia del embajador Todd Robinson