El clientelismo político, que es intercambio de favores (privilegios, beneficios, protección, exenciones, dinero, subsidios, influencia y ventajas en general), por apoyo político y votos, sigue siendo la única respuesta de los políticos a la profunda crisis económica que mantiene a la población condenada a la pobreza.

Los políticos saben que el desempleo, el hambre y la precariedad hacen que a los “necesitados” les importe más agenciarse de un ingreso o que les “regalen” materiales de construcción, fertilizantes, comida, ropa o algo de dinero, que exigir servicios públicos (salud, educación, seguridad pública y social, justicia, infraestructura física) mejores y eficaces, aunque, a la larga, estos sean los que le garantizarán a la población una mejor calidad de vida; por tanto, con cinismo, aberración y crudeza, explotan esta realidad y se aprovechan de ella.

La partidocracia tampoco se compromete con una inversión social rentable y eficaz, cuya finalidad sea el surgimiento de genuinas comunidades de ciudadanos, en las cuales las personas tengan autonomía personal, crean en sí mismas y en su capacidad de actuar, asuman responsabilidades, así como en cuyo seno se fortalezca la cohesión, la cooperación inteligente, la voluntad de superación, la autoayuda, el emprendimiento, la movilidad social y el desarrollo integral de la persona. Por el contrario, el clientelismo político promueve y alimenta la dependencia de los “necesitados”, a quienes protegen, tutelan, amparan, patrocinan o ayudan, así como la desconfianza y la impotencia; y, además, recrea el círculo vicioso de la pobreza, la marginación y la exclusión.

El régimen clientelar se articula en torno a un sofisticado sistema rentista, asistencialista y prebendario, que reparte recursos y privilegios con absoluta discrecionalidad, derroche y opacidad. Esto supone, en la práctica, que la política redistributiva del ingreso se reduzca a una mera transferencia de recursos expropiados forzosamente a unas personas particulares (a través de la tributación) para entregarlos, por vía de intermediarios o no, a otras personas particulares designadas discrecionalmente por la autoridad pública, con la perversa pretensión de dominar o cooptar a estos últimos.

A esto se debe que, en gran medida, la democracia institucional no haya tenido éxito en generar condiciones propicias para la inversión productiva, el desarrollo económico y el progreso social en Guatemala. De ahí el rezago del futuro de justicia y bienestar general al que todos los ciudadanos aspiran.

En dos platos, la acción política y el ejercicio del poder público se limitan a partir y repartir la cosa pública, de manera subjetiva y convenenciera; y, como siempre ocurre, el que parte y reparte se queda con la mejor parte.