En estos momentos en Guatemala se están ventilando algunos casos de corrupción que ejemplifican hasta qué punto está contaminada la institucionalidad del Estado, paradójicamente la solución a algunas demandas sociales requiere de entidades gubernamentales probas, con funcionarios públicos honestos y comprometidos, así como con presupuestos suficientes. Ante esta situación, hay que escuchar las propuestas de solución que plantean agrupaciones campesinas.   Los procesos judiciales que se siguen por delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y lavado de dinero tendrán que seguir su cauce, y obviamente son una oportunidad para que la sociedad guatemalteca reconozca a juzgadores honestos y a los que se involucran en litigios maliciosos. Habrá presiones seguramente, mucho trabajo en la administración de justicia, pero ello no debe postergar procedimientos de extinción de dominio a fin de recuperar bienes robados, en tanto la corrupción ha provocado la sustracción de recursos que bien podrían haberse destinado para atender