En estos momentos en Guatemala se están ventilando algunos casos de corrupción que ejemplifican hasta qué punto está contaminada la institucionalidad del Estado, paradójicamente la solución a algunas demandas sociales requiere de entidades gubernamentales probas, con funcionarios públicos honestos y comprometidos, así como con presupuestos suficientes. Ante esta situación, hay que escuchar las propuestas de solución que plantean agrupaciones campesinas.

Los procesos judiciales que se siguen por delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y lavado de dinero tendrán que seguir su cauce, y obviamente son una oportunidad para que la sociedad guatemalteca reconozca a juzgadores honestos y a los que se involucran en litigios maliciosos. Habrá presiones seguramente, mucho trabajo en la administración de justicia, pero ello no debe postergar procedimientos de extinción de dominio a fin de recuperar bienes robados, en tanto la corrupción ha provocado la sustracción de recursos que bien podrían haberse destinado para atender demandas sociales como promover las pequeñas economías y dotar de servicios públicos a las personas más pobres.

Cabe resaltar que la persecución penal hasta ahora incluye a diputados, jueces y altos funcionarios del Ejecutivo, líderes de partidos y unos cuantos empresarios, pero aún faltan investigaciones que develen cómo las acciones de empresas extractivistas están violando el derecho a la vida cobijados con la institucionalidad del Estado corrupta e injusta.

En varios departamentos, como San Marcos, Alta Verapaz, Izabal y Petén, la expansión de los monocultivos de palma aceitera, banano y otros productos de exportación está violentando la existencia de comunidades indígenas y campesinas, sin que entidades gubernamentales intervengan para evitar los estragos que provocan grandes empresas exportadoras de materias primas. Urge tomar medidas para que en esas localidades se garantice el derecho a la alimentación y a la vivienda, se cancelen las fumigaciones tóxicas que dañan la salud, se protejan las fuentes de agua y bosques.

A las consignas #JusticiaYa y #EnEstasCondiciones NoQueremosElecciones, se suman otras que buscan se apliquen otras vías para concretar el acceso a la tierra para mujeres y hombres del campo. Los movimientos sociales de las familias desalojadas del Valle del Polochic y las que solicitan terrenos como integrantes de la Plataforma Agraria exigen medidas gubernamentales para garantizar su derecho al trabajo digno, y a ser tomados en cuenta como conocedores de la problemática agraria.

Negar el derecho a la tierra en el Polochic provoca hambre y coarta el desarrollo intelectual de las personas. Según un estudio dado a conocer esta semana, seis de cada diez niñas y niños están desnutridos. La mayoría de personas que fueron desalojadas para favorecer la producción de un gran ingenio, una vez a la semana come frijol, fruta, grasa y azúcar, los otros seis días se alimenta con maíz y arroz, eso significa una dieta muy pobre en nutrientes. Es inhumano seguir tolerando esta situación.

Plataforma Agraria exige agilizar los procesos de extinción de dominio para que se adjudiquen terrenos a aproximadamente 500 familias campesinas, que al ser excluidas durante años decidieron ocupar cinco fincas, considerando que en la política pública agraria este gobierno reconoce que a través de esa vía es posible adjudicar tierras a quienes la requieran para garantizar su derecho a la vida.