Entre las múltiples novedades en nuestro país, no cabe duda que el desempeño destacado de figuras nacionales, en días recientes se ha conocido el exitoso triunfo alcanzado por competidores en distintas disciplinas deportivas quienes en medio de esta niebla que nos rodea han encendido nuestro cielo con un destacado medallero que llena de orgullo a los guatemaltecos.

Personalidades como Kevin Cordón, Ana Sofía Gómez, Jorge Vega, Juan Ignacio Maegli, Herbert y Fernando Brol, Charles Fernández quienes destacaron en sus ramas deportivas, indiscutiblemente han dado un toque de alegría en medio del ambiente de tensión y ansiedad que vivimos los ciudadanos ante el temor a que las próximas elecciones nos dejen atados de pies y manos a los politiqueros que se perfilan como ganadores.

Por supuesto, también es motivo de orgullo, la posición de la ciudadanía, consciente en su rechazo a la ignorancia de la ley y su consecuente violación, la inexistente independencia de los organismos del Estado, particularmente en relación a los órganos que integran el sistema de justicia y sus efectos perversos de nuestra institucionalidad.

La denuncia dada a conocer el pasado miércoles por el Comisionado de CICIG sobre los vínculos del vicepresidenciable del partido “liderista”, Edgar Barquín y los diputados Manuel Barquín y Jaime Martínez Lohayza con Francisco Morales Guerra conocido como Chico-Dólar ha motivado a que como decimos los chapines, le tocaron la cola al macho que sintiéndose ya dueño del país, corcovea ahora más alocado que lo usual, dando muestras con sus reacciones de lo que esperaría a nuestro país si el binomio Baldizón-Barquín llegara a triunfar en las próximas elecciones.

A lo anterior, se suma el Informe relativo al financiamiento de los Partidos Políticos presentado el pasado jueves y los numerosos lazos con estructuras que operan en la ilegalidad.

Pero, como acostumbra la dirigencia del Partido “Lider”, promotores de la politización de la justicia y la judicialización de la política, de inmediato se lanzaron contra el comisionado Iván Velásquez y contra la fiscal general Thelma Aldana, con acciones que son absurdas pero también infundadas y ajenas a los procedimientos que en derecho corresponden.

Pero no contentos con su costumbre de promover acusaciones infundadas, dando muestras de su inestabilidad y falta de consistencia ahora llegan al colmo de promover una manifestación masiva frente a las instalaciones de CICIG para hostigar y amenazar a dos instituciones que en estos momentos cumplen con sus atribuciones al avanzar en las investigaciones de delitos que les corresponden. En el caso del Ministerio Público, el de investigar los delitos de acción pública, como es el lavado de dinero, y promover la persecución penal ante los Tribunales, según las facultades que le confieren la Constitución, las leyes de la República y los Tratados y Convenios Internacionales. (Artículo 2, inciso 1, Ley Orgánica del MP).

Por su parte el Decreto 36-2007 aprobó el Acuerdo entre la ONU y el Gobierno de Guatemala para apoyar, fortalecer y coadyuvar a las instituciones del Estado encargadas de la investigación y la persecución penal de los delitos presuntamente cometidos con ocasión de la actividad de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad “y cualquier otra conducta delictiva conexa con estos, así como en la determinación de sus estructuras. Actividades, forma de operación y fuentes de financiamiento, promoviendo tanto la de-sarticulación de dichas organizaciones como la sanción penal de los partícipes de los delitos cometidos. (Artículo 1 inciso a, del Acuerdo).

Se entiende como Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad, “aquellos que cometen acciones ilegales para afectar el pleno goce y ejercicio de los derechos civiles y políticos, así como estar vinculados directa o indirectamente con agentes del Estado o contar con capacidad de generar impunidad para sus acciones ilícitas.

En otras palabras, los dirigentes “lideristas” quieren utilizar acciones de hecho para frenar los avances de las investigaciones procedentes que enmarcadas en ley han promovido la depuración que tanto demanda la ciudadanía.

La pretensión con esa concentración inminente, según se ha percibido, es otra acción promovida por un dirigente partidario que exige la aplicación de la ley cuando le conviene pero ignora y repudia su aplicación cuando él o los suyos resultan involucrados.

El colmo es que se comenta que los alcaldes promovidos por esa organización política, han recibido instrucciones de trasladar en buses a miembros de distintas comunidades hacia la capital al recibir la orden de los “lideristas”.

Patética exhibición del descaro con el que desafían la ley y el legítimo cumplimiento de las funciones de investigación. Ojalá la ciudadanía manifieste su rechazo a candidatos que están muy lejos de cumplir con el Artículo 113 constitucional al quedar en evidencia que no llenan los requisitos de capacidad, idoneidad y honradez. Es obvio.