Lo que reveló el recién entregado informe de la CICIG sobre el financiamiento de los partidos políticos no es nada nuevo. Por más revuelo que su presentación pública haya causado dentro de la sociedad guatemalteca, todo lo que se dice en ese documento era bien sabido por todos desde hace mucho tiempo antes, incluso nombres y detalles del modus operandi de los grupos que controlan la política en Guatemala. La participación del crimen organizado y del narcotráfico dentro de la política es un secreto a voces; no es ajeno para el pueblo de Guatemala nada de lo que reveló ese informe. Los cientos de miles de guatemaltecos que nos hemos favorecido con la lectura dominical de elPeladero, que, razonablemente, algunas veces no dieron crédito a nuestras denuncias, son hoy mudos testigos que la mayor parte de los hechos que han quedado al descubierto salieron a luz pública en este medio, a pesar de enemistades y amenazas por parte de quienes han hecho de la política, de la administración de justicia y del presupuesto público un lucrativo negocio. Denuncias que nunca fueron tomadas en cuenta por nadie dentro del sistema de justicia.

Con la CICIG de por medio, la diferencia estriba en que el secreto a voces fue hecho público por una instancia que los políticos tradicionales no tan fácilmente pueden acallar, perseguir, quebrar, intimidar o eliminar. Es natural que quienes controlan la política nacional pretendan desprestigiar a esta Comisión acusándola de no ser independiente, de obedecer a intereses oscuros, de hacer el juego de poderes extraños. No podía ser de otra forma, primero, el “león juzga que todos son de su condición”; segundo, saben bien que esta instancia está fuera de su esfera de acción, y; tercero, tienen temor que las investigaciones iniciadas por la CICIG lleguen hasta las últimas consecuencias. Les molesta a estos políticos que la CICIG cumpla algunas de las funciones básicas de un sistema de justicia independiente, competente y comprometido con el imperio de la ley. Las acciones de la CICIG echan a perder a los políticos y sus mafiosos aliados cuantiosas inversiones y largos años de trabajos para controlar a su sabor y antojo la administración de justicia. El problema no es la CICIG, como estos políticos quieren hacer creer, sino la falta de independencia, idoneidad, capacidad y honestidad de muchos de los operadores del sector justicia. Al final de cuentas, el problema actual no es de índole política sino puramente jurídico.