El Tribunal Supremo Electoral (TSE) resolvió reducir el límite máximo de gastos de campaña a los partidos Libertad Democrática Renovada (Lider) y Patriota (PP) en Q5.8 millones a cada uno, y a los partidos Todos, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Creo/Unionista en Q4 millones a cada uno, como castigo por haber erogado fondos en propaganda anticipada, es decir antes de la convocatoria a elecciones generales que se llevó a cabo el 2 de mayo de 2015. El TSE también redujo el límite de gastos de campaña en menos de Q1 millón a los partidos Republicano Institucional (PRI) –Q821 mil– de Avanzada Nacional (PAN) –Q756 mil– y Unión del Cambio Nacional (UCN) –Q57 mil–.

Cabe advertir que el TSE autorizó la suma de Q58.2 millones, en concepto de límite máximo de gastos de campaña.

En todo caso, la decisión de recortar el techo máximo de gasto de campaña, adoptada por el TSE, se fundamenta en el Artículo 21 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) que faculta al TSE a imponer sanciones administrativas e, incluso la cancelación, a los partidos que violen las reglas de financiamiento político.

Aunque la decisión del TSE no tiene precedente en la historia electoral del país, lo que es sano, consideramos que la reducción debió haber sido en el monto efectivamente erogado por los partidos en la precampaña y no una cantidad bastante menor. Sin duda, no es justo que los partidos que ya se gastaron el límite máximo de gastos de campaña autorizado por el TSE continúen gastando dinero en la campaña. Lo lógico, lo razonable, lo justo, es que si lo gastaron todo en la precampaña ya no puedan gastar un centavo más, bajo apercibimiento de que si lo hacen se procederá a la cancelación inmediata del partido infractor sin más trámite, conforme el Artículo 21 de la LEPP.

Por tanto, exhortamos a los magistrados del TSE que revisen la decisión adoptada y la modifiquen en el sentido de rebajar del límite de gasto de campaña autorizado toda la suma gastada en la precampaña, y que el partido que no acate la respectiva resolución sea cancelado ipso facto.

Si el TSE no resuelve en justicia lo procedente se violaría el Artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana que, en su parte conducente, dice: “Son elementos esenciales de la democracia representativa (…) la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo (…)” y el principio de igualdad política contenido en los Artículos 4 de la Constitución y 23 (1) (c) de la Convención Americana sobre DD. HH.