El colapso financiero de Grecia, a raíz de un abuso del gasto público y del endeudamiento (que asciende a 177 por ciento del PIB), debe llamarnos a la reflexión, ya que, guardando las distancias, por supuesto, es hacia donde nos llevan los gobiernos populistas, basados en presupuestos estatales desfinanciados, gasto público incontrolable, despilfarro, opacidad y corrupción.

El Gobierno griego, de corte populista, trató de evitar el cumplimiento de sus compromisos y obligaciones, a través de una maniobra política, que se materializó con la convocatoria a un referendo en Grecia cuyo objetivo fue instar a la población a oponerse a los términos de pago que exigían los acreedores, lo que logró. Empero, eso no impidió que finalmente el régimen del primer ministro griego, Alexis Tsipras, tuviera que acepar las condiciones de pago que le impusieron los acreedores para que Grecia pudiera permanecer en la Zona Euro.

Las condiciones de pago que tuvo que aceptar el Gobierno griego, para obtener un refinanciamiento, son las siguientes: (i) Fondo al que Grecia deberá transferir todos sus activos susceptibles de ser privatizados, comenzando por la energía eléctrica, por 50 mil millones de euros; (ii) Apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI), en la supervisión y financiación, desde marzo de 2016; (iii) Legislar antes del 15 de julio de 2015 para garantizar la sostenibilidad de las pensiones, la reestructuración del IVA, la independencia de la oficina estadística griega y los recortes de gasto en caso de incumplimientos presupuestarios y antes del 22 de julio de 2015 debe agilizar la justicia y ajustarse al marco europeo de resolución bancaria; (iv) Revisión rigurosa y modernización de la negociación colectiva y de los despidos; (v) Despolitización del sector financiero; y (vi) Posibilidad de reestructurar la deuda griega, pero excluyendo la quita, lo que supone que solo podrá haber prórrogas, esperas y períodos de gracia.

La deuda pública guatemalteca se duplicó durante el régimen de Álvaro Colom (2008-12), bajo el cual se aprobaron, por primera vez, gigantescos presupuestos públicos desfinanciados, cuyos déficits fueron cubiertos con deuda contraída a la carrera. El régimen de Otto Pérez (2012-6) siguió gastando a manos llenas a costa de más deuda. Sin contar los Q25 mil millones de pérdidas operativas del Banguat y los Q30 mil millones que el Estado adeuda al IGSS, la relación deuda pública/PIB ya se sitúa por encima del 25 por ciento, aunque lo más grave es la insuficiente capacidad de pago para honrar amortizaciones e intereses. Por otro lado, al igual que en Grecia, en Guatemala los pactos colectivos de condiciones trabajo en el sector público y el aumento progresivo e irracional de la burocracia son detonantes de un gasto corriente desaforado, imposible de cubrir por medio de una sana recaudación tributaria. Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las propias a remojar, dice el refrán popular.