Pocos países en el mundo hubieran podido resistir la crisis que hemos vivido sin un rompimiento del orden constitucional, lo que habla muy bien sobre la capacidad que tiene nuestro Estado de ponerse en orden, desde dentro.

Esto parece haber sido comprendido muy bien por el Embajador de los Estados Unidos de América para quien no ha sido ajeno que ha sido la institucionalidad MP-CICIG y la debida respuesta de las demás instituciones del Estado lo que ha dado origen y posterior prosecución a los procesos iniciados, así como a que –si importantes han sido las manifestaciones, ejemplares todas ellas por su singular civismo– algo que, por cierto, –es muy poco común en otras partes- ejemplar, también ¿Por qué no decirlo y, así, reconocerlo? el pleno respeto que han tenido por parte del Presidente de la República –representante que es de la unidad nacional– y el pleno respeto habido de su parte por los derechos humanos y por todas y cada una de las garantías constitucionales, algo que, anteriormente, fue poco común entre nosotros, y que es poco común –es lamentable– en muchos países en el mundo.

En una realidad así, respetados todos y en marcha los procesos dentro del marco de la ley ¿Para qué romper la institucionalidad del Estado?

Lo comprendido por el Embajador de los Estados Unidos de América, sin embargo, no parece que lo hayan comprendido algunos de sus colegas quienes se han puesto a abogar por medidas que atentan en contra de la institucionalidad del Estado como lo son, por ejemplo, que el Congreso de la República procediera a aprobar reformas de la Ley Electoral y de Partidos Políticos sin que se haya producido –previamente– el dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad –paso previo inevitable– ¿No lo sabían, acaso? y –por si fuera poco– que se aprobaran dos, entre otras, que no pueden realizarse sino a través de una reforma de la Constitución misma, la limitación a la reelección de diputados y alcaldes, llegando al colmo de pretender que las reformas entrasen en vigor en estas mismas elecciones, existiendo norma expresa que manda que las reformas que se aprueben después de que un proceso electoral ha sido convocado y hasta que se produzca adjudicación de los cargos, no se pueden aplicar en el mismo.

Es comprensible y hasta justificable la impaciencia que existe en sectores poco versados sobre la importancia de las instituciones y del debido proceso –hartos como lo podemos estar todos– pero injustificable en profesionales, líderes, en general, y agentes diplomáticos –agentes estos a quienes no les caería nada mal–, por cierto, una renovada lectura de la Convención de Viena que, si malo quebrantarla –teniéndose razón– cuanto más, sin tenerla.

¿Reformas a las leyes resquebrajando el orden constitucional? ¡Por favor! Un poco más y podría caerse en la apología del delito.

Existen sectores interesados –los fascismos de izquierda y de derecha de todos los tiempos– por descalificar el proceso electoral –existiendo en este opciones suficientes– absolutamente válidas –así como por descalificar– también –generalizando– a todos los funcionarios públicos y, así, por ejemplo, la mentira de que el canciller Carlos Raúl Morales –primer diplomático de carrera que ha sido Canciller–, surgido, estrictamente, de la carrera diplomática –lo que se olvida– haya gestionado el reemplazo del comisionado de la CICIG, Iván Velásquez o que lo hubieran hecho nuestro Embajador en Washington o nuestro Representante en las Naciones Unidas –Canciller a quien se califica de “formal”– (que en efecto lo es puesto que ninguna informalidad existe en él) pero que si con ello se quiere decir otra cosa, carece de sustento: El Canciller, con luz propia, juega un papel importante en la lucha contra la corrupción y la impunidad –con la ley en la mano– coadyuvando a que se preserve el orden constitucional –requisito sine qua non– para lograrlo. (Existen funcionarios y empleados corruptos ¡Claro está! pero –también– los hay honrados).

Estamos a 54 días de elecciones y el Tribunal Supremo Electoral continúa introduciendo elementos perturbadores en el proceso: ¿No se tomó, acaso, la molestia de leer la Opinión de la Corte de Constitucionalidad que legitimó desde hace 23 años las candidaturas de Jacobo Árbenz Vilanova, Lionel Sisniega Otero (varones) y Zury Ríos (mujer)?

¿Cuál su fobia, entonces, contra las mujeres? ¿Cuál su ansia de prevaricar en contra suya?

Muy poco afortunados, también, los antejuicios empujados en contra de Manuel Baldizón y Sandra Torres –los candidatos punteros– así como de Mario Estrada –solo faltaron en contra de, intachables, José Ángel López o Jimmy Morales– cortados de tajo, menos mal ¡Vaya que se necesitan controles sobre el ejercicio del poder! por la Corte Suprema de Justicia.

Impedimentos inexistentes, antejuicios sin fundamento, reformas inconstitucionales a las leyes, descalificación generalizada de autoridades y candidatos, no hacen sino jugar –a estas alturas– el papel de distractores: Nos encontramos a las puertas de las elecciones que serán celebradas el 6 de septiembre, ni un día antes, ni uno después; respetados plenamente los derechos humanos y las garantías ciudadanas y desarrollándose los procesos judiciales dentro del marco de las leyes.

¿Cuál el interés, entonces, por perturbar el orden constitucional?

¡Cuidado! La prevención que hago se hace absolutamente válida de no servir de tontos útiles a quienes se saben incapaces de alcanzar el poder por la vía electoral y de alcanzar reforma alguna por los caminos de la ley. Amén.

acisclo_valladaresmolina@yahoo.com