La Constitución establece que los ciudadanos pueden optar a empleos o cargos públicos y que para su otorgamiento no se atenderá más que, entre otras razones, al mérito de idoneidad.

Una persona idónea es aquella adecuada o pertinente para ejercer una función pública o desempeñar un cargo durante un tiempo determinado o indefinido, o sea que se adapta o es apropiada para el ejercicio del cargo o función. Por el contrario, una persona no idónea es una persona inconveniente o no ad hoc para ejercer una función o desempeñar un puesto de trabajo.

Por ejemplo, un candidato no idóneo para optar al cargo de diputado al Congreso, al que la Constitución le otorga el carácter de “dignatario de la Nación”, sería una persona que es indigna, es decir que no ostenta las cualidades de honorable, intachable, decente, virtuoso y merecedor de respeto, distinción, reconocimiento, estima y realce.

Consecuentemente, un dignatario es aquella persona que ocupa un cargo o puesto de gran autoridad, prestigio, relevancia, decoro y honor. El honor supone la cualidad moral de actuar de acuerdo con principios, valores y leyes, de forma justa y diciendo siempre la verdad. Honorable es quien actúa con honradez de modo que es digno de ser respetado; y honrado es una persona íntegra, recta, honesta e incapaz de defraudar la confianza o el patrimonio de nadie.

Por tanto, para poder optar a una diputación debe acreditarse que se es digno, o sea respetable, honorable, serio, responsable, probo y respetuoso de las leyes y regido por principios, valores y virtudes morales, así como comprobar con suficiencia que se tiene un testimonio de vida ejemplar, consecuente e impecable.

De suerte que un cualquiera no podría ser diputado; tampoco podría serlo un individuo que hubiere infringido la ley o cometido actos de corrupción, ni menos quien hubiere sido declarado culpable de la comisión de delitos dolosos, es decir de ilícitos penales en los que hubiere mediado engaño, fraude o simulación, que se traduce en una probada intencionalidad (voluntad) de causar daño o defraudar a alguien. La conducta malintencionada (de mala fe) se asocia a la vileza, la deslealtad y la indignidad.

Tampoco sería un candidato idóneo un individuo que no se acomode o ajuste a la descripción del puesto, que es el conjunto de funciones, atribuciones, obligaciones y responsabilidades propias del cargo o función. Si la persona va a legislar debe tener nociones legales, si va a gobernar o administrar debe saber de planificación, organización, dirección y control de los recursos (humanos, financieros, tecnológicos, etcétera), si va a juzgar debe saber de administración de justicia y si va a fiscalizar debe saber de presupuesto, control y auditoría.