La Constitución establece que los ciudadanos pueden optar a empleos o cargos públicos y que para su otorgamiento no se atenderá más que, entre otras razones, al mérito de idoneidad.   Una persona idónea es aquella adecuada o pertinente para ejercer una función pública o desempeñar un cargo durante un tiempo determinado o indefinido, o sea que se adapta o es apropiada para el ejercicio del cargo o función. Por el contrario, una persona no idónea es una persona inconveniente o no ad hoc para ejercer una función o desempeñar un puesto de trabajo.   Por ejemplo, un candidato no idóneo para optar al cargo de diputado al Congreso, al que la Constitución le otorga el carácter de “dignatario de la Nación”, sería una persona que es indigna, es decir que no ostenta las cualidades de honorable, intachable, decente, virtuoso y merecedor de respeto, distinción, reconocimiento, estima y realce.