Varias agrupaciones, procedentes de diferentes sectores y regiones de Guatemala, han participado durante cinco días ininterrumpidos en las calles donde se localiza el recinto parlamentario para demandar reformas a la Ley Electoral previo a las votaciones de este año, en otras palabras, rechazan la realización de las elecciones bajo las mismas reglas que han tolerado o alentado el tráfico de influencias y enriquecimientos ilícitos. Tomando en cuenta la falta de interés que están demostrando los congresistas para concretar los cambios exigidos (entre ellos, limitar la reelección de alcaldes y diputados, castigar el transfuguismo y autorizar que comités cívicos postulen candidatas/os al Congreso), es probable que este plantón continúe. “Acampa y protesta”, dice la convocatoria para sumarse a esta acción ciudadana.

En este plantón –actividad que forma parte de otras marchas y mítines de los sábados– están activas personas de todas las edades, indígenas y mestizos, de distintos lugares del país; todos van demostrando su creatividad y entusiasmo para difundir sus demandas, así como su capacidad de organización y compromiso político porque reconocen que están ejerciendo sus derechos y la importancia de la unidad, sin duda sobresalen las mujeres. Todos mantienen las consignas #RenunciaYa, #EnEstasCondicionesNoQueremosElecciones, #EstoApenasEmpieza.

En contraste al ejercicio ciudadano de participar en protestas, presentar propuestas y organizarse, hay funcionarios o exfuncionarios públicos que demuestran qué poca importancia le dan a las demandas sociales, ignoran quiénes pagan su salario y actúan sin ética alguna, reiterando con sus declaraciones que para ellos es “normal” su forma de actuar y no han cometido ilícitos.

Al escuchar a algunos, encuentro un paralelismo con aquellos hombres normales –pero violentos– cuando reaccionan ante los señalamientos que les hacen luego de golpear o abusar de una mujer; les es casi imposible reconocerse como delincuentes, ya que en su imaginario predomina la idea que ellos son superiores, que forman parte del sexo dominante y, por tanto, los cuerpos de las mujeres les pertenecen. Igual hay diputados, jueces y funcionarios públicos normales –pero corruptos– quienes al ser inculpados por cometer algún delito, comentan: “no tengo nada que esconder”, “estoy tranquilo y cumplo la ley”, “pido permiso o renuncio para aclarar que soy inocente”. Este tipo de reacciones se han escuchado sin recato alguno. Cabe recordar a los diputados del partido Lider que se sintieron ofendidos tras ser señalados por el Ministerio Público y la CICIG de hechos de corrupción, y apelaron a su inocencia a pesar de las pruebas que los muestran como personas sin ética.

Desdibujar lo ilícito o antiético con lo “normal” ha sido el caldo de cultivo para respaldar delitos. Un ejemplo: hacer ostensible las posesiones materiales (caballos, medios de transporte de todo tipo, etcétera), ya que en el imaginario de los políticos corruptos predomina la idea que un atributo merecido es ser rico, mostrar sus bienes de alto costo, por ello de manera “natural” demuestran hasta dónde llega su capacidad de compra, ignorando además que con tales actitudes ofenden a miles de personas pobres que carecen de oportunidades incluso para comer. Otro ejemplo: sentirse exento de toda responsabilidad tras haber designado a funcionarios en cargos de alto nivel, hoy inculpados de tráfico de influencias y asociación ilícita.