En recientes declaraciones, la Fiscal General, Thelma Aldana, expresó que estaba promoviendo el antejuicio contra Arnoldo Medrano, alcalde de Chinautla, quien es sindicado por transacciones sospechosas, a través de fideicomisos, que presuntamente beneficiaron a Medrano y sus familiares con Q24 millones.

Esto confirma, una vez más, la necesidad urgente de que se supriman en definitiva los fideicomisos estatales, que han sido una inagotable, ilimitada y escandalosa fuente de corrupción en el sector público. Millardos de quetzales se han extraviado y malgastado a través de estas desafortunadas estructuras de gasto público que cobraron una fuerza inusitada durante el régimen de Álvaro Arzú (1996-2000), dando pie a que se consolidara el “sistema paralelo de gasto público”, caracterizado por la opacidad, el secreto, la discrecionalidad, la ausencia de fiscalización y el despilfarro.

De hecho, muchas entidades e instituciones ejecutan la mayor parte de sus presupuestos de gasto público a través de los fideicomisos estatales. La Municipalidad de Guatemala es un ejemplo elocuente de esto: cuatro fideicomisos constituidos por la comuna capitalina ejecutan el grueso del presupuesto edil: Fideicomiso de Transporte de la Ciudad de Guatemala (Fidemuni), Fideicomiso Metropolitano para la Recreación, Cultura y Deporte, Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana (FAPU) y el Fideicomiso de Transporte y Tránsito de la Ciudad de Guatemala (Fidemetra). Los dos primeros son administrados por el Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, en tanto que los otros dos por bancos privados. El gasto anual de la Municipalidad de Guatemala asciende a Q1.5 millardos, de los cuales Q1 millardo se maneja a través de fideicomisos.

Por cierto, las actuales autoridades de la comuna capitalina son las principales opositoras a la supresión de los fideicomisos en el sector público, porque se resisten a garantizar el acceso a la información, a la rendición de cuentas, a la fiscalización y la transparencia en la ejecución del gasto edilicio.

En todo caso, la ex Contralora General de Cuentas (CGC), Nora Segura, solicitó, de manera enérgica pero sin éxito, que se prohibiera la ejecución de gasto a través de fideicomisos, porque a la CGC le es imposible fiscalizarlos. La Superintendencia de Bancos, por su parte, ha expresado reiteradamente que la ley le prohíbe suministrar a la CGC datos sobre los fideicomisos públicos que operan en los bancos del sistema. O sea que los fideicomisos no son controlables.

En consecuencia, lo que procede es la prohibición y supresión de los fideicomisos públicos, sea por vía constitucional o legal. Cerremos la puerta a la discrecionalidad, al secreto y al despilfarro por vía de los fideicomisos públicos.