En recientes declaraciones, la Fiscal General, Thelma Aldana, expresó que estaba promoviendo el antejuicio contra Arnoldo Medrano, alcalde de Chinautla, quien es sindicado por transacciones sospechosas, a través de fideicomisos, que presuntamente beneficiaron a Medrano y sus familiares con Q24 millones.   Esto confirma, una vez más, la necesidad urgente de que se supriman en definitiva los fideicomisos estatales, que han sido una inagotable, ilimitada y escandalosa fuente de corrupción en el sector público. Millardos de quetzales se han extraviado y malgastado a través de estas desafortunadas estructuras de gasto público que cobraron una fuerza inusitada durante el régimen de Álvaro Arzú (1996-2000), dando pie a que se consolidara el “sistema paralelo de gasto público”, caracterizado por la opacidad, el secreto, la discrecionalidad, la ausencia de fiscalización y el despilfarro.   De hecho, muchas entidades e instituciones ejecutan la mayor parte de sus presupuestos de gasto público a través de los fideicomisos