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Editoriales

Proyecto de pacto de trabajo del Mineduc no es confidencial


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En recientes declaraciones, la ministra de Educación, Claudia Ruiz, expresó que el proyecto de nuevo pacto colectivo de condiciones de trabajo presentado por el magisterio ante el Ministerio de Educación (Mineduc) ostenta “resguardo de confidencialidad”, con base en los artículos 30 de la Constitución y 9, inciso 5, de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). 

El artículo 30 de la Constitución establece que están protegidos por el secreto de Estado los asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, así como los datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia. Asimismo, el artículo 9, inciso 5, de la LAIP dispone que es confidencial “toda información en poder de los sujetos obligados que por mandato constitucional, o disposición expresa de una ley tenga acceso restringido, o haya sido entregada por personas individuales o jurídicas bajo garantía de confidencialidad”. Esta última disposición legal se complementa por el artículo 22, inciso 6, de la LAIP, que dispone: “Para los efectos de esta ley se considera información confidencial la siguiente: (…) 6. La información de particulares recibida por el sujeto obligado bajo garantía de confidencia”.

Sin embargo, la negociación del nuevo pacto colectivo de condiciones de trabajo entre el Mineduc y el magisterio no goza del resguardo de confidencialidad como apunta la ministra Ruiz, ya que, por un lado, no es un asunto militar o diplomático de seguridad nacional, y, por otro, no son datos o información suministrados por particulares que se encuentran bajo protección de confidencialidad, ya que, para comenzar, los maestros están actuando en su carácter de empleados públicos y no de simples personas particulares.

Por otro lado, ese proyecto de pacto colectivo de condiciones de trabajo no incursiona en la intimidad del hogar, en la vida privada o en valores subjetivos, ni es un documento de carácter privado (como el acuerdo de alimentos para un niño), protegido por el artículo 35, párrafo primero, de la Constitución. Tampoco es un documento cuya confidencialidad reconoce expresamente la ley, ni, como ya se advirtió, es un documento presentado por particulares, sino por empleados públicos, sin que su publicidad pudiera suponerse que falta el respeto a la vida privada o a la moral.

En consecuencia, el mencionado proyecto de pacto colectivo de condiciones de trabajo no puede ser considerado como confidencial por mandato constitucional o legal, y, por ende, es susceptible de que se acceda a él por medio del ejercicio de la libertad de acceso a las fuentes de información, reconocida en el artículo 35, párrafo quinto, de la Constitución, y de la libertad de acceso a la información pública, garantizada por el artículo 30 de la Constitución y la LAIP.

En todo caso, debe tenerse presente que el artículo 66 de la LAIP establece: “Retención de información. Incurre en el delito de retención de información el funcionario, servidor público o cualquier persona responsable de cumplir la presente ley, que en forma arbitraria o injustificada obstruya el acceso del solicitante a la información requerida. Será sancionado con prisión de uno a tres años, con inhabilitación especial por el doble de la pena impuesta, y multa de 10 mil a 50 mil quetzales. La sanción penal se aplicará sin perjuicio de las responsabilidades civiles correspondientes y los daños y perjuicios que se pudieran generar por la retención de la información”.

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