[theme-my-login default_action="register" show_links="0"]

¿Perdiste tu contrseña? Ingresa tu correo electrónico. Recibirás un correo para crear una nueva contrseña.

[theme-my-login default_action="lostpassword" show_links="0"]

Regresar

Cerrar

Publicidad

Editoriales

Dos años sin elegir magistrados del OJ


foto-articulo-Editoriales

El 13 de octubre de 2019, hace dos años, venció el periodo constitucional de cinco años de los magistrados del Organismo Judicial (OJ), lo que, conforme a la Ley de la Carrera Judicial (LCJ), es causa de pérdida de la calidad de magistrado. No obstante, la séptima magistratura de la Corte de Constitucionalidad (CC), además de que suspendió el proceso de postulación de candidatos a magistrados, habilitó un plazo para que el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) llevara a cabo una evaluación extemporánea de los magistrados y jueces aspirantes a las magistraturas. Esto prorrogó de facto el periodo constitucional de los togados cesantes.

La suspensión del proceso de postulación impidió que la anterior legislatura (2016-20) eligiera a los nuevos magistrados, que, a la luz de los hechos, resultó ser la verdadera pretensión detrás de las impugnaciones presentadas contra ese proceso y no, como se dijo, hacer valer el principio meritocrático. Por ende, la designación de togados fue trasladada de facto a la actual legislatura, que se instaló el 14 de enero de 2020.

Habiendo el CCJ realizado una evaluación exprés de los juzgadores aspirantes, con base en un instructivo improvisado, sin contar con una unidad de evaluación de desempeño con la capacidad técnica requerida, sin acatar los estándares internacionales exigidos por la LCJ, así como limitándose a examinar, a rajatabla, la gestión de los juzgadores de uno de los cinco años del periodo de funciones de estos, la CC recondujo el trabajo de las dos comisiones de postulación. Sin embargo, a finales de febrero de 2020, la CC, de nuevo, suspendió el proceso postulador, esta vez cuando el Congreso se disponía a elegir a los magistrados. Esto obedeció a que se detectó un intento de manipular e influir en la elección de togados en torno a la figura de un exfuncionario que, a la sazón, guardaba prisión preventiva.

La séptima magistratura de la CC, en la sentencia de fecha 6 de mayo de 2020 (expediente 1169-2020), ordenó al Congreso que excluyera a los candidatos a magistrados del OJ que eran sujetos de investigación criminal en el caso Manipulación e Influencia, y contra quienes existieran “otros procesos penales, investigaciones en curso, sentencias condenatorias en procedimientos abreviados u ordinarios, así como información sobre suspensiones condicionales de penas o cualquier otro beneficio penal o procesal penal”, lo que implicó la desintegración automática de las nóminas de candidatos a magistrados, porque, al excluir a juzgadores postulados procesados penalmente o condenados en sentencia, así como a aquellos sujetos a investigación penal aunque no hubiesen sido despojados de su inmunidad, redujo, por lógica, el número de candidatos enlistados exigido por la Constitución, entre quienes los diputados deben escoger a los togados. Por otro lado, la emisión de un voto público razonado por parte de los 160 congresistas a favor o en contra de cada uno de los más de 300 candidatos a magistrados hizo que la elección cayera en un ‘impasse’.

El MP solicitó, sin éxito, la anulación de esa sentencia, porque en ella no se respeta la obligada reserva de la investigación penal, así como los derechos al debido proceso y a la presunción de inocencia. Lo anterior, sin perjuicio de que el MP, en el informe que la CC le ordenó remitir al Congreso, descalificó la nómina de candidatos a magistrados, la integración de las comisiones de postulación, el procedimiento de puntuación de aspirantes y la mal llamada evaluación de juzgadores, llevada a cabo por el CCJ. Es decir, según el MP, todo el proceso de evaluación y postulación de candidatos estuvo viciado; sin embargo, la CC no reparó en este informe y mantuvo su compleja decisión.

Lo cierto es que, después de dos años desde la fecha en que venció el periodo de funciones de los magistrados cesantes, no se ha elegido a los nuevos togados. Esto supone que en el caso hipotético de que los magistrados fueran elegidos hoy, lo que no ocurrirá, la designación de magistrados sería para que fungieran solo tres años, ya que el periodo constitucional de cinco años de las magistraturas vencerá inexorablemente el 13 de octubre de 2024. En fin, esta es la consecuencia de no respetar la Carta Magna.

Publicidad


Esto te puede interesar

noticia EFE
Díaz-Canel comparece en televisión para «esclarecer acciones de descrédito»
noticia Redaccion/elPeriódico
Medicamento israelí ha demostrado una alta eficacia para tratar el COVID-19

Nadir Arber, quien está involucrado en el desarrollo del fármaco, expresó que hasta ahora no se ha registrado ningún efecto secundario significativo en los pacientes.

noticia Jeffrey D. Sachs
Estados Unidos, derechos humanos y la guerra de Israel contra Palestina

Economía y Justicia



Más en esta sección

La princesa Mako de Japón se casa después de años de controversia

otras-noticias

Cruz Roja reporta a 30 personas intoxicadas en Alta Verapaz

otras-noticias

Celtics, con gran triunfo

otras-noticias

Publicidad