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Editoriales

Explotar el uranio no es el problema


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La supuesta existencia de uranio, especialmente en asociación con el níquel, en los depósitos de este mineral en el norte del país vuelve a poner a la minería metálica en el ojo del huracán. Esta vez, en el centro de una oscura trama que involucra a inversionistas rusos y altos funcionarios del gobierno de turno. A diferencia de lo que sucedió en el pasado con otras malogradas inversiones mineras en Guatemala, esta vez la crisis no la desatan asuntos relativos a la protección ambiental o al cumplimiento del Convenio 169, sino posibles actos de corrupción al más alto nivel. Esta delicada situación vuelve a poner en entredicho el papel que podría jugar la minería metálica en el desarrollo del país, reforzando entre la población la idea de que todo lo relacionado con este tema está salpicado de corrupción, abusos de poder, arbitrariedades y opacidad. Sin embargo, estas situaciones tienen más que ver con la debilidad institucional que caracteriza al sector público guatemalteco que con la naturaleza propia de la actividad productiva, la cual, debidamente manejada, podría consolidarse como un motor de desarrollo sostenible en los territorios en donde opera, si existiera un marco de incentivos que alinee de manera virtuosa los intereses de las empresas mineras, la sociedad civil organizada y el sector público. 

En otras latitudes, este tipo de actividades productivas generan beneficios compartidos para todos los actores y aportan al bien común. En palabras del Grupo Latinoamericano sobre el Sector Extractivo, organizado por el BID, el desarrollo del sector extractivo en la región es posible y deseable siempre y cuando se ataque de manera frontal la corrupción asociada al desarrollo de este sector a todo nivel; se supere el enfoque transaccional como forma de relacionamiento entre los grupos de interés que confluyen en la operación de este sector, desde los que se benefician de la extracción del mineral hasta quienes se favorecen promoviendo la conflictividad social alrededor de este tipo de proyectos, y se revierta la tendencia de trasladar responsabilidades del Estado a las empresas que operan en este sector. Estas cuestiones implican, entre otras cosas, definir con claridad y de manera consensuada las implicaciones ambientales, económicas y culturales de este tipo de proyectos. Estos elementos, hasta donde se sabe, no constituyen los rasgos más sobresalientes detrás de los proyectos que motivaron los polémicos planes de inversión de la trama rusa. 

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