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Editoriales

Restricción de la libertad de emisión del pensamiento


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El Gobierno publicó las denominadas “REFORMAS DE LAS DISPOSICIONES PRESIDENCIALES Y ÓRDENES PARA EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO NECESARIAS POR CALAMIDAD PÚBLICA ORIGINADAS DE LA PANDEMIA COVID-19 Y SUS VARIANTES, EN ESPECIAL LA VARIANTE DELTA, DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2021”, en la edición del Diario de Centro América correspondiente al domingo 22 de agosto de 2021.

Entre las nuevas normas incorporadas se incluye la quinta, que textualmente dice: “QUINTA: DE LA OBLIGATORIEDAD DE COMUNICACIÓN A LA POBLACIÓN. Con fundamento en la Ley de Orden Público los órganos de publicidad, medios de comunicación y difusión, están obligados a evitar las publicaciones que puedan causar confusión o pánico o agraven la situación, asumiendo las responsabilidades que de ello deriven”.

Aunque en la Ley de Orden Público no existe una norma fundante de esa restricción de la libertad de emisión del pensamiento, cabe advertir que en el Decreto Gubernativo 6-2021, por medio del cual se implantó el Estado de Calamidad Pública en todo el territorio nacional, se decreta la limitación de la libertad de acción, contenida en el artículo 5 de la Constitución, específicamente en lo que se refiere a que ninguna persona puede ser perseguida o molestada por sus opiniones, que, en nuestra opinión, no se justifica, menos por supuesto la restricción de la libertad de emisión del pensamiento prevista en el artículo 35 de la Carta Magna. Tampoco existe una medida tal en la Ley de Orden Público en materia del Estado de Calamidad Pública.

De plano, el Gobierno tomó como asidero la limitación al libre juego de opiniones, garantizado por el artículo 5 de la Constitución, para dictar la susodicha restricción para imponer a los medios de publicidad, comunicación o difusión la obligación de que no realicen “publicaciones que causen confusión o pánico o agraven la situación”.

¿Quién califica las publicaciones que causen confusión o pánico o agraven la situación? Pues, el Gobierno, claro está. Es decir, el Gobierno se convertirá en contralor de qué se dice y qué no se dice, así como en calificador de qué información es veraz y cuál no, qué información es objetiva y cuál no, qué información proviene de fuentes fidedignas y cuál no, extremo que plantea una flagrante violación de la libertad de emisión del pensamiento.

De hecho, toda información u opinión puede ser censurada por el Gobierno bajo el argumento de que causa confusión o pánico o que está agravando la situación. Por tanto, resulta procedente la impugnación de esa normativa por medio de la acción de amparo, prevista en la Constitución “con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido”. Si no fueran acogidas esas impugnaciones, se tendrá que accionar ante la justicia internacional, específicamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el propósito de que se dicten medidas cautelares de protección inmediatas.

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