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Editoriales

Venganza política en Bolivia


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En marzo de este año, el régimen socialista autoritario de Bolivia, presidido por Luis Arce, subordinado de Evo Morales, encarceló a la ex presidenta interina (2019-20), Jeanine Áñez, bajo los cargos de «sedición, terrorismo y conspiración», por haber dado un supuesto “golpe de Estado” contra el gobierno de Morales, lo que se considera una grotesca “venganza política”. El martes pasado, el régimen de Arce, por medio de un juez ad hoc, extendió por seis meses la prisión preventiva contra Áñez, quien es, ni más ni menos, una “prisionera política”.

En todo caso, cabe recordar que Áñez asumió el cargo de presidenta interina de Bolivia después de que el exgobernante Evo Morales se viera obligado a renunciar, a raíz de las protestas masivas contra el fraude electoral perpetrado por el régimen bolivariano de Morales el 20 de octubre de 2019. El gobierno de Morales se derrumbó luego de que la OEA hiciera público el informe de auditoría sobre las elecciones celebradas el 20 de octubre de 2019 en Bolivia, en el cual se revelaron graves anomalías, irregularidades e inconsistencias en el escrutinio.

Morales, antes y después de su renuncia, denunció la perpetración de un supuesto “golpe de Estado” en su contra, aunque la opinión pública nacional e internacional tuvo clarísimo que fue Morales quien atentó contra la institucionalidad democrática boliviana, ya que, por un lado, forzó, por la vía judicial, su postulación a la reelección presidencial, a pesar de que la Constitución de Bolivia lo prohíbe expresamente, y, por otro lado, consumó un fraude electoral para impedir un balotaje entre él y el presidenciable opositor Carlos Mesa, ya que sabía que en una segunda vuelta perdería las elecciones. O sea que Morales perpetró un “autogolpe de Estado”, al igual que en su momento lo hicieron los gobernantes Nicolás Maduro en Venezuela, Manuel Zelaya en Honduras y Daniel Ortega en Nicaragua.

Por tanto, no hay duda alguna de que la caída de Morales no fue consecuencia de un “golpe de Estado”, aunque las cajas de resonancia bolivarianas hicieron eco a la infundada denuncia de Morales, sino que fue producto de que él se puso al margen de la ley y lo que procedía era la aplicación de esta, así como la imposición de las respectivas sanciones penales, lo que no ocurrió debido a que la Fiscalía de Bolivia no imputó cargos a Morales, por “sedición”, casualmente un mes antes de que Arce accediera al poder (8 de noviembre de 2020).

Por cierto, Áñez garantizó la celebración de elecciones justas y limpias el 18 de octubre de 2020, en las cuales se eligieron presidente y vicepresidente, senadores y diputados. Arce resultó electo como presidente de Bolivia, postulado por el Movimiento al Socialismo, cuyo líder máximo es Evo Morales, lo que acreditó la transparencia e imparcialidad de los comicios.

Junto a Áñez fueron detenidos sus exministros de Justicia, Álvaro Coimbra, y de Energía, Rodrigo Guzmán, y, asimismo, el oficialismo boliviano exigió la detención inmediata de los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga, principales líderes de la oposición política, la cual no se ha consumado todavía.

En su oportunidad, el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, a raíz de los encarcelamientos políticos indicados, hizo un llamado urgente a toda la comunidad internacional a reaccionar a lo que él denominó como un “irrespeto al Estado de derecho” que se cometió en Bolivia. Asimismo, Vivanco afirmó que las órdenes de aprehensión emitidas por la Fiscalía de Bolivia contra la expresidenta Áñez Chávez y demás carecen de pruebas y evidencias.

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