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Editoriales

Proyecto de ley sobre libertad religiosa


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En el Congreso se está discutiendo el proyecto de ley denominado Ley de Libertad de Religión y Creencia, de Culto y de Conciencia, registrado como Iniciativa 5915, el cual, aunque no ha sido aprobado por el Congreso, ya ha sido apoyado públicamente por el gobernante Alejandro Giammattei, en los términos siguientes: “La fe antecede a la política, así que le daremos todo el apoyo necesario para que el Congreso pueda aprobar la propuesta de ley para la libertad religiosa”.

En ese proyecto de ley se incorporan una serie de disposiciones que buscan garantizar la libertad de religión, que está prevista en la Constitución así: “El ejercicio de todas las religiones es libre. Toda persona tiene derecho a practicar su religión o creencia, tanto en público como en privado, por medio de la enseñanza, el culto y la observancia, sin más límites que el orden público y el respeto debido a la dignidad de la jerarquía y a los fieles de otros credos”. Asimismo, la Constitución establece: “Los bienes inmuebles de las entidades religiosas destinados al culto, a la educación y a la asistencia social gozan de exención de impuestos, arbitrios y contribuciones”.

En el texto normativo propuesto se abordan distintas temáticas, tales como el derecho de las personas de contraer y celebrar matrimonio conforme sus creencias, la libertad y objeción de conciencia, la obligación de las entidades religiosas a trabajar por el desarrollo cívico, moral y social de los guatemaltecos y la exención para las entidades religiosas de la obligación de realizar fiscalización, investigación o averiguación del origen de los fondos de sus donantes, entre otras.

En torno a la disposición que faculta a las personas a “contraer y celebrar matrimonio conforme sus creencias y a las normas propias de la entidad religiosa”, cabe destacar que en el mismo texto normativo propuesto se define creencias como “todas aquellas convicciones y conocimientos, ya sean religiosos o no, que permiten estrechar relaciones con lo que la persona considera sagrado. También lo serán aquellas creencias de vida expresadas a través de ritos, doctrinas, oraciones, ordenanzas, revelaciones, libros y documentos, principios morales y corrientes filosóficas”. Sin duda, la redacción normativa admite la posibilidad del matrimonio igualitario. 

En materia de objeción de conciencia se dispone: “Una persona natural no puede ser obligada a llevar a cabo acciones contrarias a sus creencias, siempre que estas estén ligadas a la moral y sean verificables. Este derecho siempre podrá ser invocado bajo los supuestos establecidos en la presente ley, sin recibir sanción ni sufrir discriminación alguna. Cuando las circunstancias lo permitan, el invocante realizará una prestación sustitutiva que permita en lo posible equilibrar las cargas públicas”. Recordamos que en el pasado un ministro de Estado pretendió sustraerse de la obligación de presentar la “declaración jurada patrimonial”, prevista en la Ley de Probidad, invocando “objeción de conciencia”.

Por otro lado, el proyecto de ley incorpora la siguiente disposición: “De conformidad con la ley, las entidades religiosas no están facultadas para realizar fiscalización, investigación o averiguación del origen de los fondos de sus donantes; dicha función es única y exclusiva de las autoridades competentes de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente”. Para ninguno es un secreto que entidades no lucrativas, civiles y religiosas en muchos países son utilizadas para el lavado de dinero, por lo que las legislaciones nacionales las obligan no solo a verificar la procedencia de los bienes dinerarios y no dinerarios que reciben de sus donantes, sino también a someterse a fiscalización para detectar la posible comisión de esos actos ilícitos. Por supuesto, la fiscalización tributaria no procede, por mandato constitucional y legal expreso.

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