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Editoriales

Un año y nueve meses sin elegir magistrados del OJ


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El 13 de octubre de 2019, hace un año y nueve meses, venció el periodo de funciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Corte de Apelaciones (CA), extremo que, conforme a la Ley de la Carrera Judicial (LCJ), es causa de la pérdida de la calidad de magistrado. No obstante, la séptima magistratura de la Corte de Constitucionalidad (CC), además de que suspendió el proceso de postulación de candidatos a magistrados del Organismo Judicial (OJ), habilitó un plazo para que se llevara a cabo una evaluación extemporánea de los magistrados y jueces aspirantes a las magistraturas. Esto prorrogó, de facto, el periodo de los magistrados cesantes.

La suspensión del proceso de postulación impidió que la anterior legislatura, cuyo periodo venció el 14 de enero de 2020, eligiera a los nuevos magistrados, que, a la luz de los hechos, resultó ser la verdadera pretensión detrás de las impugnaciones presentadas contra ese proceso y no, como se dijo, hacer valer el principio meritocrático. Por ende, la elección de los togados quedó a cargo de la actual legislatura, que se instaló el indicado 14 de enero de 2020.

Habiendo el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) realizado una evaluación exprés de los juzgadores, con base en un instructivo improvisado, sin contar con una unidad de evaluación de desempeño con la capacidad técnica requerida, sin acatar los estándares internacionales exigidos por la LCJ, así como limitándose a examinar, a rajatabla, la gestión de los juzgadores de uno de los cinco años del periodo de funciones de estos, la CC recondujo el trabajo de las comisiones de postulación. Sin embargo, a finales de febrero de 2020, la CC, de nuevo, suspendió el proceso postulador, a petición del Ministerio Público (MP), esta vez cuando el Congreso se disponía a elegir a los magistrados del OJ. Esto obedeció a que se detectó un intento de manipular e influir en la elección de togados en torno a la figura de un exfuncionario que guarda prisión preventiva.

La CC, en la sentencia de amparo de fecha 6 de mayo de 2020 (expediente 1169-2020), ordenó al Congreso que excluyera a los candidatos a magistrados postulados por las comisiones que son sujetos de investigación criminal en el caso Manipulación e Influencia, y contra quienes existieran “otros procesos penales, investigaciones en curso, sentencias condenatorias en procedimientos abreviados u ordinarios, así como información sobre suspensiones condicionales de penas o cualquier otro beneficio penal o procesal penal”, lo que implicó la desintegración automática de las nóminas de candidatos a magistrados, elaboradas por las comisiones, porque redujo el número de candidatos exigido por la Constitución, entre quienes los diputados deben escoger a los togados, y que eligieran, mediante voto público razonado, a los nuevos magistrados. La desintegración de las nóminas de candidatos, así como la complicación que supone la emisión del voto público razonado de los 160 congresistas por cada uno de los más de 300 candidatos, redundó en que la elección cayera en un ‘impasse’.

El MP solicitó, sin éxito, la anulación de ese fallo porque no se respetaba la obligada reserva de la investigación penal. Asimismo, el MP, en un informe que la CC le ordenó que remitiera al Congreso, descalificó la nómina de candidatos a magistrados del OJ, la integración de las comisiones de postulación, el procedimiento de puntuación de aspirantes y la mal llamada evaluación de magistrados y jueces, llevada a cabo por el CCJ. Es decir, según el MP, todo el proceso de evaluación y postulación estuvo viciado, lo que dio pie a que la opinión pública demandara la anulación total de este.

Lo cierto es que, después de un año y nueve meses, desde la fecha en que venció el periodo constitucional de funciones de los magistrados cesantes, no se ha elegido a los nuevos togados del OJ. Esto supone que en el caso hipotético de que los magistrados fueran elegidos hoy, lo que no ocurrirá obviamente, los designados solo se desempeñarían por tres años y tres meses, ya que el periodo constitucional de los magistrados de la CSJ y de la CA vencerá inexorablemente el 13 de octubre de 2024, a menos que, de nuevo, sea prorrogado de facto.

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