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Editoriales

Castigo a la autoridad electoral


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A mediados del mes de marzo de 2020, los exmagistrados propietarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Jorge Mario Valenzuela Díaz, María Eugenia Mijangos Martínez, Rudy Marlon Pineda Ramírez, Julio René Solórzano Barrios y Mario Ismael Aguilar Elizardi, entregaron sus cargos y se marcharon tranquilamente, sin rendir cuentas. A la fecha, pende que se les deduzcan responsabilidades legales por las anomalías e irregularidades incurridas en el desempeño de sus cargos.

Nada se ha sabido, por ejemplo, de las investigaciones que ha llevado a cabo el Ministerio Público (MP) en torno a las graves deficiencias del sistema informático electoral, así como sobre las innumerables denuncias presentadas en contra del conteo de votos y del cotejo de actas en el contexto de las elecciones legislativas celebradas el 16 de junio de 2019, hechos a los que se atribuye la alteración de la conformación de la actual Legislatura.

Por otro lado, no se tiene conocimiento sobre el progreso de las investigaciones en contra de la referida magistratura del TSE, por la falta de fiscalización y castigo del clientelismo político, del acarreo de votantes y del financiamiento electoral ilegal, ni sobre las denuncias de justicia selectiva en la cancelación de partidos, la inscripción y rechazo de candidatos, el control antojadizo de los debates, foros y entrevistas durante la campaña electoral, así como sobre la tentativa de retención de los teléfonos celulares de los fiscales de los partidos en las mesas electorales durante el escrutinio.

Tampoco se sabe nada en torno a la investigación de los hechos denunciados por las Cámaras de Medios y de Radiodifusión ante el MP y la Contraloría General de Cuentas (CGC) en torno a los criterios y las asignaciones irregulares en la distribución de pauta electoral (propaganda electoral) en medios de comunicación durante el proceso electoral realizado en 2019, para lo que, en principio, el TSE erogó la suma de Q 78.1 millones, pero que, en definitiva, puede llegar a más de Q300 millones.

Adicionalmente, los magistrados propietarios del TSE, con motivo de la implementación de la consulta popular celebrada el domingo 15 de abril de 2018 sobre el diferendo territorial, insular y marítimo entre Guatemala y Belice, dispusieron de Q300 millones, de los cuales no rindieron cuentas. En todo caso, se detectaron gastos millonarios por excepción, sin perjuicio de que sospechosamente se abstuvieron de informar ampliamente al electorado sobre el objeto de la consulta.

También debe tenerse presente que los referidos magistrados aprobaron el Acuerdo 18-2020, mediante el cual autorizaron una ampliación presupuestaria del TSE por Q34.1 millones en el renglón “Indemnizaciones al personal”, entre las cuales se incluyen las indemnizaciones de los cinco exmagistrados propietarios del TSE, supuestamente causada por la terminación del respectivo período de funciones. Por cierto, la Constitución solo autoriza que se indemnice a aquellos trabajadores que hubiesen sido despedidos sin causa justificada, lo que no ocurre con los magistrados titulares del TSE, que se desempeñaron durante un período fijo de funciones establecido en la Ley Electoral.

Por otro lado, cabe recordar que dichos magistrados contrataron, por la suma de más de Q290 mil, en un hotel de la zona 10 de la Capital, calificado de cinco estrellas, ocho habitaciones presidenciales de lujo, incluyendo alimentos a la carta y bebidas para cada huésped y acompañantes, incluyendo desayunos, almuerzos, refacciones y cenas, 15 habitaciones sencillas de lujo y 26 habitaciones doble estándar, incluyendo desayunos, almuerzos, refacciones y cenas, que fueron ocupadas del 14 al 17 de junio de 2019, por autoridades, funcionarios, directores, jefes y empleados del TSE.

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