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Editoriales

A 28 años del Serranazo


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El martes 25 de mayo de 1993, el entonces presidente de Guatemala, Jorge Serrano (1991-1993), perpetró un “autogolpe de Estado” (conocido como “Serranazo”), que lo convirtió en dictador y lo llevó a suspender más de 40 artículos de la Constitución, incluyendo varios que consagran derechos fundamentales, disolver el Congreso y remover a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), así como a los procuradores General y de los Derechos Humanos.

Asimismo, Serrano, tachado de “aprendiz de dictador”, dejó en suspenso las Leyes de Amparo y Electoral, así como decretó la censura de la prensa independiente, extremo que llevó a cabo con abuso de poder y lujo de fuerza.

Sin embargo, el mismo día del “Serranazo”, la CC, presidida por Epaminondas González, declaró ilegítimas e inconstitucionales las decisiones arbitrarias adoptadas por el régimen autocrático, plasmadas en las denominadas Normas Temporales de Gobierno. Por su parte, el Presidente del Tribunal Supremo Electoral, Arturo Herbruger, no accedió a la pretensión de Serrano de convocar inmediatamente a elecciones legislativas.

El “Serranazo” ocurrió en un momento de supina descomposición política en el país. La clase política prácticamente se había convertido en una plaga que estaba posada sobre el sector público. En el Congreso se había instalado la grotesca “trinca infernal” (UCN-DCG-MAS), dedicada a los más ruines, oscuros y escandalosos negocios ilícitos. Asimismo, la CSJ y el Organismo Judicial, además de que se habían politizado hasta los cimientos, estaban infectadas de corrupción.

Por cierto, después de que se restableció el orden constitucional, el repudio a los pecados de la clase política desembocó en un clamor popular por la depuración del Congreso y de la CSJ, que se plasmó en la reforma constitucional que fue ratificada en la consulta popular celebrada el 30 de enero de 1994 y se dieron por terminados los períodos y funciones de diputados y magistrados.

Afortunadamente, la vigorosa resistencia ciudadana y el repudio de la comunidad internacional revirtieron el “Serranazo” siete días después de consumado y se restauró el orden constitucional. El resto de la historia todos la conocemos. Serrano huyó a Panamá y Ramiro de León fue designado Presidente por el Congreso.

El “Serranazo” fue calcado en el “autogolpe de Estado” que el 5 de abril de 1992 perpetró el exgobernante de Perú, Alberto Fujimori (1990-2000), conocido como el “Fujimorazo”, por medio del cual se disolvió el Congreso y se intervino el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público. Fujimori justificó la disolución del Congreso y la intervención de las instituciones del sector justicia diciendo que le ponían trabas a su gobierno.

Fujimori terminó preso y Serrano en el exilio. No obstante, estos precedentes no desestimulan a los gobernantes populistas autoritarios de prescindir y suprimir las instituciones democráticas. En todo caso debe tenerse presente que “los que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo” (Santayana).

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