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Editoriales

18 meses sin elegir magistrados del Organismo Judicial


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El 13 de octubre de 2019, hace 18 meses, venció el periodo de funciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Corte de Apelaciones (CA), extremo que, conforme a la Ley de la Carrera Judicial (LCJ), es causa de la pérdida de la calidad de magistrado. No obstante, la Corte de Constitucionalidad (CC), además de que suspendió el proceso de postulación de candidatos a magistrados, habilitó un plazo para una evaluación extemporánea de los magistrados y jueces aspirantes a las magistraturas. Esto causó la prórroga de facto del periodo de los magistrados cesantes.

 

La suspensión del proceso de postulación evitó que la anterior Legislatura (2016-20), cuyo periodo venció el 14 de enero de 2020, eligiera a los nuevos magistrados, que, en realidad, fue la verdadera pretensión detrás de las impugnaciones presentadas en contra del proceso de postulación y no, como se dijo, hacer valer el principio meritocrático. Por tanto, la elección de los nuevos togados del Organismo Judicial (OJ) se trasladó a la actual Legislatura (2020-24) que se instaló el 14 de enero de 2020.

 

Habiendo el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) realizado una evaluación exprés de los juzgadores, con base en un instructivo improvisado, sin contar con una unidad de evaluación de desempeño con la capacidad técnica requerida, sin acatar los estándares internacionales exigidos por la LCJ, así como limitándose a examinar, a rajatabla, la gestión de los juzgadores de uno de los 5 años del periodo de funciones, la CC recondujo el trabajo de las Comisiones de Postulación. Sin embargo, a finales de febrero de 2020, la CC, otra vez, suspendió el proceso postulador, a petición del Ministerio Público (MP), esta vez cuando el Congreso se disponía a elegir a los magistrados del OJ. La nueva suspensión obedeció a que se detectó un intento de manipular e influir en la elección de togados en torno a la figura de un ex funcionario que guarda prisión preventiva.

 

La CC, en la sentencia de amparo de fecha 6 de mayo de 2020 (expediente 1169-2020), ordenó al Congreso que excluyera a los candidatos a magistrados postulados por las comisiones que son sujetos de investigación criminal en el caso “manipulación e influencia”, y contra quienes existan “otros procesos penales, investigaciones en curso, sentencias condenatorias en procedimientos abreviados u ordinarios, así como información sobre suspensiones condicionales de penas o cualquier otro beneficio penal o procesal penal”, lo que implica la desintegración automática de las nóminas de candidatos a magistrados, elaboradas por las comisiones, porque redujo el número de candidatos, exigido por la Constitución, entre quienes los diputados deben escoger a los togados, y que procedieran a elegir, mediante voto público razonado, a los nuevos magistrados. La desintegración de las nóminas de candidatos, así como la complicación que supone la emisión del voto público razonado de los 160 congresistas por cada uno de los más de 300 candidatos, redundó en que la elección cayera en un impasse.

El MP solicitó, sin éxito, la anulación de dicho fallo; y, por otro lado, el MP, en un informe que la CC le ordenó que remitiera al Congreso, que no se ajustaba a la obligada reserva de la investigación penal, descalificó no solo la nómina de candidatos a magistrados del OJ, sino la integración misma de las Comisiones de Postulación, el procedimiento de puntuación de aspirantes, así como la evaluación de magistrados y jueces llevada a cabo por el CCJ. Es decir que, según el MP, todo el proceso de evaluación y postulación estuvo viciado. Esto ha dado pie a que la opinión pública demande la anulación de todo el proceso de evaluación y postulación.

Lo cierto es que, después de transcurridos 18 meses desde la fecha en que venció el periodo constitucional de funciones de los magistrados cesantes del OJ, no se han elegido a los nuevos togados. Sin duda, una intolerable violación constitucional que, además de no repetirse, debe castigarse.

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