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Editoriales

Educación relegada


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La imposibilidad que tienen cerca de 4.5 millones de estudiantes, de centros educativos públicos y privados, de acceder a la educación presencial tendrá un impacto negativo duradero sobre sus destrezas y competencias para la vida y para el mundo laboral. Si algo quedó demostrado a nivel mundial el año pasado es que los “cierres” económicos arbitrarios, atendiendo solamente a criterios epidemiológicos, terminaron causando tantos males como los que crearon; en esa tónica, las decisiones del Ministerio de Salud y Asistencia Social (MSPAS), con apoyo de la Coprecovid, del año pasado, que facilitaron la modalidad híbrida de educación, constituyeron un primer paso en la dirección correcta. Lamentablemente, los cambios recientemente introducidos por este Ministerio, en relación a la educación, echan por tierra los esfuerzos que cientos de comunidades escolares venían haciendo en relación al uso de modelos híbridos de educación. La nueva normativa para los centros educativos homologa las restricciones para municipios en alerta roja a los municipios en alerta naranja; situación que impide que cientos de miles de estudiantes puedan recibir clases en formato híbrido y que tengan acceso al seguimiento personal con sus maestros.  

Resulta paradójico que las autoridades encargadas de la vigilancia epidemiológica, ante su incapacidad demostrada para lidiar con la pandemia, opten por la salida fácil de prohibir la operación de instituciones educativas en donde padres de familia, maestros, directivos y alumnos se esforzaban al máximo para cumplir con las medidas sanitarias de manera rigurosa e integral. Para colmo de males, el recién publicado Acuerdo Ministerial del MSPAS número 73-2021, que establece las disposiciones transitorias y obligatorias para la contención y prevención del incremento de contagios por el COVID-19 a nivel nacional, permite la operación de todo tipo de actividades recreativas y de turismo, mientras que las escuelas deben permanecer cerradas. El MSPAS podría, como mínimo, permitir que los centros educativos operen bajo la misma lógica que operan otras actividades económicas. Si se trata de tomar decisiones carentes de sustento técnico, económico y epidemiológico, como la que fija el aforo máximo de 100 personas por día en playas, centros turísticos, balnearios, ríos y lagos, como mínimo el MSPAS podría otorgar a las escuelas este mismo tipo de trato. Como lo manifestara ayer uno de los ilustres columnistas de este medio, es necesario cuestionarse qué tanto abonará al desarrollo de los niños continuar con el cierre de escuelas o si, por el contrario, dicha medida solo acentúa los graves malos que ya padece nuestro sistema educativo. 

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