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Editoriales

Las familias necesitan protección no invasión


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“La familia es la base de la sociedad”, nos viven repitiendo, en la escuela, en la iglesia, en las leyes, en los medios de comunicación, en todas partes. Y efectivamente es la familia, ese grupo de gente vinculado por lo sanguíneo, donde se deposita la responsabilidad del afecto, el cuidado y la educación básica de las personas. También es acá donde se cimienta esta forma de vida que cada día nos destruye más, donde se concentra el poder, donde se pierde el respeto, donde se enseña el silencio, la impunidad y la violencia. 

Las cifras de los últimos 5 años lo demuestran: en este período el MP ha recibido 259 mil 33 denuncias de violencia contra las mujeres y 45 mil 784 de violencia sexual; el Ministerio de Salud reporta 9 mil 192 embarazos en niñas de menos de 14 años, y el Inacif ha realizado 33 mil 354 reconocimientos por violencia sexual a niñas, reportando además 2 mil 790 femicidios. ¿Qué tienen en común estas cifras? Que el 85 por ciento de las agresiones son cometidas por hombres cercanos: padres, hermanos, abuelos, tíos; además, que el 99 por ciento de estos casos siguen impunes en el sistema de justicia.

Habría que preguntarse qué hay detrás de la insistencia en aprobar comités técnicos para la protección de la vida e institucionalidad de la familia, o de políticas y leyes como la 5272, que impone la familia nuclear, deja afuera la educación sexual y reproductiva, aumenta penas alrededor del aborto, prohibiendo hablar de las diversas orientaciones sexuales, limitando el derecho de expresión y criminalizando a quienes opinen diferente en estos tópicos, evidenciando un profundo intento por retroceder en derechos adquiridos y en el esfuerzo por profundizar el modelo democrático en el país.

En el marco de este momento de cooptación y de profunda corrupción en la institucionalidad del Estado, pareciera que este Pacto de Corruptos se vale de la estructura estatal, no solo para su enriquecimiento, sino para profundizar un orden que permita tener más controlada y empobrecida a la población, ¿con qué fin? con el de contar con mano de trabajo barata y dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de sobrevivir. El esfuerzo por privatizar los servicios estatales de cuidado a la población, requiere de esas familias donde las mujeres son quienes garantizan -con su trabajo invisibilizado y no reconocido- la sobrevivencia, a costa de su salud y en muchos casos, de sus vidas.

Necesitamos reconocer que en la sociedad guatemalteca hay muchas clases de familias, la nuclear (papá, mamá e hijos) no es la única, y, paradójicamente quienes promueven estas iniciativas legales y políticas no son precisamente el reflejo de este mandato que pretende homogeneizar al resto de familias. 

El Estado cuenta con diversos instrumentos que debiera impulsar para -en realidad- proteger a las familias, con programas contra los abusos sexuales, para promover el empleo digno, el respeto a los derechos laborales, el acceso a la educación y a la salud, el control de los precios de la canasta básica, entre otros. Estas medidas podrían en realidad generar una vida digna.

Está en la población animarnos a ver un poco más allá de los mandatos que nos llegan desde diversas instituciones, y atrevernos a exigir a quienes gobiernan, medidas acordes a nuestras necesidades, al mismo tiempo que nos motivamos para sacar a relucir los trapitos sucios que tenemos en casa. Las múltiples formas de violencia y la impunidad no pueden seguir siendo los valores reales sobre los que se establezcan las relaciones familiares. La cooperación, el buen trato, la búsqueda del bien común y la armonía con la naturaleza son algunas rutas en las que invitamos a incursionar, para lograr esa dignidad en la práctica. La dignidad emancipa.

 

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