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Editoriales

Masacre en Tamaulipas


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Ha trascendido a la prensa que los 12 policías detenidos por el asesinato de 19 migrantes en Tamaulipas, México, confesaron haberlos matado a balazos, aunque no aceptaron haberlos desmembrado y quemado. Hasta ahora se ha podido identificar a 18 de las víctimas, de las cuales 16 son originarias de Guatemala y dos de México.

Como se recordará, el pasado viernes 22 de enero, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, que es un estado de México que colinda con EE. UU., informó que se habían localizado 19 cuerpos humanos quemados dentro de varios vehículos automotores, los cuales también fueron incinerados, en el poblado Santa Anita, en el municipio de Camargo.

“En una de las camionetas estaban dos cuerpos en la cabina, otro cuerpo a un costado de la puerta del lado del piloto, uno más al costado de la puerta del copiloto y 15 en la caja del 

vehículo”, se consigna en el informe de la Fiscalía. “De las primeras indagatorias se tiene establecido que la muerte fue provocada por proyectiles de arma de fuego y después se les quemó”, se indica en el informe.

Originalmente, se había atribuido el crimen a una derivación de un supuesto enfrentamiento entre sicarios de carteles narcotraficantes. Sin embargo, las autoridades mexicanas detuvieron a los 12 policías, como sospechosos de la masacre, quienes ahora confesaron su participación en la comisión de los asesinatos.

Al estar involucrados 12 agentes policiales, el crimen de los 16 compatriotas tiene una connotación de crimen de lesa humanidad, enmarcado dentro del Estatuto de la Corte Penal Internacional. 

Sin duda, este crimen horrendo de connacionales debe ser investigado a fondo, juzgado y castigado por las instituciones del sector justicia mexicano, así como generador de una reparación digna satisfactoria para los deudos de los fallecidos.

El Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua), que es el ente gubernamental que coordina, define, supervisa y fiscaliza las acciones y actividades de los órganos y entidades del Estado tendientes a proteger, atender y brindar asistencia y auxilio a los migrantes guatemaltecos y sus familias en Guatemala, así como a los migrantes que se encuentran en el territorio nacional, debe demandar de las autoridades mexicanas el juzgamiento y castigo de los referidos hechos punibles, así como la deducción de responsabilidades legales en contra de los culpables. En todo caso, lamentamos que el Congreso de Guatemala no haya aprobado un apoyo económico para las familias de los migrantes asesinados.

Por otro lado, dado que estos asesinatos son trágicos, porque las víctimas son personas (niños, mujeres y hombres) inocentes y vulnerables en busca de mejores condiciones de vida, que encuentran la muerte en medio de su desesperación, no deben ser dejados al olvido, sino que, por el contrario, debe propugnarse porque se siente un precedente suficientemente disuasivo, para que esta atrocidad no se repita.

 

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