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Editoriales

23 Meses sin elegir Magistrados del OJ

opinion

El 13 de octubre de 2019, hace 23 meses, venció el periodo constitucional de cinco años de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Corte de Apelaciones (CA), lo que, conforme a la Ley de la Carrera Judicial (LCJ), es causa de pérdida de la calidad de magistrado. No obstante, la 7a. magistratura de la Corte de Constitucionalidad (CC), además de que suspendió el proceso de postulación de candidatos a magistrados, habilitó un plazo para que el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) llevara a cabo una evaluación extemporánea de los magistrados y jueces aspirantes a las magistraturas. Esto prorrogó de facto el periodo de los togados cesantes.

La suspensión del proceso de postulación impidió que la anterior Legislatura 2016-20, eligiera a los nuevos magistrados, que, a la luz de los hechos, resultó ser la verdadera pretensión detrás de las impugnaciones presentadas en contra de dicho proceso y no, como se dijo, hacer valer el principio meritocrático. Por ende, la designación de togados fue trasladada de facto a la actual Legislatura, que se instaló el 14 de enero de 2020.

Habiendo el CCJ realizado una evaluación exprés de los juzgadores aspirantes, con base en un instructivo improvisado, sin contar con una unidad de evaluación de desempeño con la capacidad técnica requerida, sin acatar los estándares internacionales exigidos por la LCJ, así como limitándose a examinar, a rajatabla, la gestión de los juzgadores durante uno de los cinco años del periodo de funciones de estos, la CC recondujo el trabajo de las dos Comisiones de Postulación. Sin embargo, a finales de febrero de 2020, la CC, de nuevo, suspendió el proceso postulador, a petición del Ministerio Público (MP), esta vez cuando el Congreso se disponía a elegir a los magistrados. Esto obedeció a que se detectó un intento de manipular e influir en la elección de togados en torno a la figura de un exfuncionario que, a la sazón, guardaba prisión preventiva.

La CC, en sentencia del 6 de mayo de 2020 (expediente 1169-2020), ordenó al Congreso que excluyera a los candidatos a magistrados que eran sujetos de investigación criminal en el caso “manipulación e influencia”, y contra quienes existieran “otros procesos penales, investigaciones en curso, sentencias condenatorias en procedimientos abreviados u ordinarios, así como información sobre suspensiones condicionales de penas o cualquier otro beneficio penal o procesal penal”, lo que implicó la desintegración automática de las nóminas de candidatos a magistrados, porque redujo el número de candidatos exigido por la Constitución, entre quienes los diputados deben escoger a los togados, y que procedieran a elegir, mediante voto público razonado, a los magistrados. La desintegración de las nóminas de candidatos, así como la complicación que supone la emisión del voto público razonado de los 160 congresistas por cada uno de los más de 300 candidatos, redundó en que la elección cayera en un impasse.

El MP solicitó, sin éxito, la anulación de dicha sentencia, porque no se respetaba la obligada reserva de la investigación penal. Casualmente, el MP, en el informe que la CC le ordenó remitir al Congreso, descalificó la nómina de candidatos a magistrados, la integración de las comisiones de postulación, el procedimiento de puntuación de aspirantes y la mal llamada evaluación de juzgadores, llevada a cabo por el CCJ. Es decir, según el MP, todo el proceso de evaluación y postulación de candidatos estuvo viciado, lo que dio pie a que la opinión pública demandara la anulación total del mismo.

Lo cierto es que, después de 23 meses, desde la fecha en que venció el periodo de los magistrados cesantes, no se han elegido a los nuevos togados. Esto supone que en el caso hipotético de que los magistrados fueran elegidos hoy, lo que no ocurrirá obviamente, la designación sería para fungir tres años y un mes, ya que el periodo constitucional de cinco años de los magistrados vencerá inexorablemente el 13 de octubre de 2024. En fin, esta es la consecuencia de un descarnado fraude constitucional.

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