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Editoriales

Acertada sentencia correctiva

opinion

La Corte de Constitucionalidad (CC), en la sentencia de fecha 2 de septiembre de 2021, recaída en el expediente 4099-2020, declaró procedente la impugnación presentada por el abogado Julio Roberto García-Merlos García contra el artículo 51, inciso 7.º, del Código Penal, que disponía: “La conmutación no se otorgará: (…) 7.º A los condenados por los delitos contra la administración pública y la administración de la justicia”, y, asimismo, dejó sin vigencia esa disposición legal.

La conmutación de la pena supone la sustitución de la pena impuesta por la jurisdicción ordinaria por otra menos grave. Por ejemplo, la sustitución de la pena de muerte por una pena de privación de libertad y la sustitución de una pena de prisión por una sanción pecuniaria (multa). La ley penal guatemalteca contempla tanto la sustitución de la pena de muerte por una pena de privación de libertad como la sustitución de una pena de prisión por multa.

El artículo 50 del Código Penal determina que son conmutables o sustituibles por multas las penas de privación de libertad impuestas a los condenados que no excedan de cinco años, a razón de entre un mínimo de Q5 y un máximo de Q100 por cada día de cárcel. Sin embargo, existen disposiciones legales que describen conductas punibles sancionadas con penas de prisión que podrían no exceder de cinco años en las cuales expresamente se señala que las penas de prisión son inconmutables, o sea que las penas de prisión no son sustituibles por multa, como el financiamiento electoral ilícito.

En estricta técnica legislativa, así debería ser. La inconmutabilidad de penas de prisión debe quedar plasmada en las normas específicas contentivas de los respectivos delitos y no en normas genéricas, como en el caso de la norma impugnada. Asimismo, una inconmutabilidad genérica debería referirse a condiciones por las que es inconveniente la conmutación de la pena de prisión, como, por ejemplo, la reincidencia, la habitualidad o la peligrosidad social, y no a prohibiciones de la conmutación de penas de prisión por delitos específicos o de manera indiscriminada, como ocurría con la norma impugnada.

La CC, en el fallo indicado, pone mientes en que “la prohibición absoluta del beneficio de la conmuta, resulta desproporcionado en términos precisamente de las previsiones constitucionales, en particular el deber legislativo de contar con una base razonable a través de un camino consecuente con la finalidad buscada a través de la regulación normativa”. Asimismo, la CC señala: “La norma reprochada no es congruente con su fin, porque busca luchar contra la corrupción de funcionarios y empleados públicos, pero prohíbe la conmuta de varios delitos que no tienen ninguna relación con la corrupción, y que, en todo caso, por la escasa trascendencia del daño al bien jurídico que contemplan violentado, son conmutables a razón de multa; por ende, es irrazonable y arbitrario que, para los citados delitos, se establezca que la sanción de prisión es inconmutable”. 

En todo caso, la norma penal tachada de inconstitucionalidad también limitaba la fundamental discrecionalidad judicial a la hora de juzgar a los acusados, sobre todo el bastanteo inherente a la función judicial en torno a los beneficios previstos en la ley penal al momento de sentenciar en casos concretos (conmutación de pena, perdón judicial, suspensión condicional de la pena). La finalidad de esa norma no era la disuasión, sino el encarcelamiento forzoso del responsable.

En definitiva, el indicado fallo correctivo fue acertado.

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