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Editoriales

Lo relevante de la improbación del estado de calamidad

opinion

Habiendo improbado el Congreso, el lunes pasado, el decreto del estado de calamidad, emitido por el Gobierno (que conllevaba la restricción del libre juego de opiniones), por mayoría absoluta, amerita hacer algunas observaciones finales.

La Corte de Constitucionalidad (CC), en la resolución de fecha 5 de septiembre de 2021, recaída en el expediente 4842-2021, reconoció expresamente que el plazo de tres días, siguientes de haberse declarado el estado de emergencia por el Organismo Ejecutivo, previsto en el artículo 138 de la Constitución, dentro del cual el Congreso debe conocer, ratificar, modificar, aprobar o improbar un estado de emergencia (estados de prevención, calamidad, sitio, alarma y guerra), es perentorio. Esto supone que el decreto gubernativo, por medio del cual se declara el estado de emergencia, caduca inexorablemente al expirar ese plazo sin que el Congreso lo hubiere conocido, ratificado, modificado, aprobado o improbado. Asimismo, la CC confirmó, en esa resolución, que el Congreso debe resolver en un solo acto (una sesión) con el voto favorable o desfavorable de, por lo menos, la mayoría absoluta de los diputados. Casualmente, este es el criterio que hemos sostenido desde siempre en este espacio editorial. Sin duda, la CC ha sentado un precedente trascendental en la historia jurídico-política de nuestro país.

El Decreto Gubernativo 8-2021, mediante el cual el Ejecutivo declaró el estado de calamidad pública, fue improbado por 81 votos contra 69. Los diputados que votaron con el oficialismo fueron los de los partidos Todos, BIEN, UCN, PAN, Podemos, Prosperidad Ciudadana, FCN-Nación y una facción de la UNE, con los que sumaron 69 votos, pero no les alcanzó. Para la improbación del referido Decreto fueron determinantes los votos de las bancadas de los partidos Unionista y Valor, que, sin duda, inclinaron la balanza.

Llamó poderosamente la atención la vehemencia oportunista de los diputados del partido UNE que votaron contra el estado de calamidad, quienes en su día aprobaron el Decreto 9-2015 del Congreso, mediante el cual se reformó la Ley de Contrataciones del Estado, que ha dado pie a que los procesos de adquisiciones (compras y contrataciones) sean lentos, engorrosos, ambiguos y no exentos de corrupción, que ha provocado el desabastecimiento del sistema sanitario y hospitalario, sobre todo en estos momentos en que se lucha contra la pandemia de COVID-19. 

Por otro lado, ha trascendido que el Ejecutivo contempla decretar el estado de prevención, que es otro estado de emergencia, sin enviarlo al Congreso, dentro del plazo perentorio de tres días, para su conocimiento, ratificación, modificación, aprobación o improbación, amparado en que la Ley de Orden Público así lo determina. Sin embargo, la Constitución establece, con claridad meridiana, que ese estado de prevención no requiere de la formalidad de ser declarado en Consejo de Ministros, pero no así que no sea remitido al Congreso para su conocimiento, ratificación, modificación, aprobación o improbación del decreto respectivo. Sin duda, la pretensión es echar mano del artículo 44, literal a), de la Ley de Contrataciones del Estado.

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