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Editoriales

Otro estado de calamidad

opinion

El Gobierno de la República, mediante el Decreto 8-2021, adoptó otro estado de calamidad pública (ECP), con el objetivo de mitigar los efectos provocados por el peligro público de contagio del COVID-19 y garantizar la salud de los habitantes, por un plazo de 30 días. Como es del conocimiento público, el anterior estado de calamidad pública (Decretos 6-2021 y 7-2021) fue improbado por el Congreso.

El Decreto 8-2021 fue publicado en la edición del Diario Oficial correspondiente al pasado viernes. En esa normativa se restringen los siguientes derechos constitucionales: libertad de acción (que garantiza el libre juego de opiniones), libertad de locomoción, libertad de reunión y manifestación, así como el derecho de huelga de los trabajadores del Estado. Asimismo, entre otras medidas, se establece un toque de queda, que dará inicio a las 20:00 horas y concluirá a las 4:00 horas del día siguiente, a partir del pasado sábado 4 de septiembre; se autoriza la compra o contratación de bienes, obras de ampliación, y acondicionamiento de hospitales en funcionamiento, servicios y suministros para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la emergencia sanitaria motivada por el COVID-19 y sus variantes, que se realizarán de acuerdo con el artículo 44, literal a), de la Ley de Contrataciones. Además, se publicaron disposiciones presidenciales y órdenes para el estricto cumplimiento del ECP, originado por la pandemia de COVID-19 y sus variantes, en las que se especifican las medidas sanitarias, las actividades y labores, así como las restricciones. 

De conformidad con la Ley de Orden Público, el Gobierno puede decretar el ECP, que es una modalidad del estado de emergencia (al igual que los estados de prevención, alarma, de sitio y de guerra), “para evitar en lo posible los daños de cualquier calamidad que azote al país o a determinada región, así como para evitar o reducir sus efectos”. Por otro lado, la Constitución establece que en el propio decreto del ECP se convocará al Congreso, para que, dentro del plazo de tres días contando a partir de su publicación en el Diario Oficial, que en el presente caso vence hoy, lo conozca, ratifique, modifique, apruebe o impruebe, bajo pena de caducidad del decreto por inacción legislativa. El conocimiento del decreto de ECP implica que el Congreso examine, delibere, califique, dictamine y decida sobre este, y no simplemente tome nota de él. Por cierto, ha trascendido que, a efecto de la aprobación del ECP, el oficialismo está ejerciendo gran presión sobre los congresistas.

Inequívocamente, el estado de emergencia está previsto para enfrentar específicas eventualidades críticas o alteraciones graves de la normalidad (invasión del territorio, perturbación grave de la paz, actividades contra la seguridad del Estado o calamidad pública) y no para abordar situaciones que no hayan sido debidamente atendidas en un contexto de normalidad institucional, por lo que preocupa que se decrete el ECP para hacer frente a sucesos o circunstancias sanitarias que podrían afrontarse con eficiencia y eficacia, sin necesidad de recurrir a las medidas extraordinarias o extremas, como la restricción de derechos fundamentales, propias de un estado de excepción.

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