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Editoriales

El TSE sigue sin cancelar a la UNE

opinion

A pesar de que han transcurrido dos años desde que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), del Ministerio Público (MP), solicitó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la cancelación del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), fundado por el exgobernante Álvaro Colom (2008-12) y su exesposa, Sandra Torres, a raíz de que esta financió su campaña presidencial en 2015 de manera irregular, ya que no registró contablemente ingresos percibidos y gastos ejecutados por un monto de Q27 millones 689 mil 304, el TSE no ha dado visos de que cancelará ese partido, aunque sí ha cancelado a otras organizaciones políticas por el mismo motivo de manera expedita.

Efectivamente, esa petición fue formulada al TSE por el fiscal de la FECI Andrei Vladimir González Arteaga, el 29 de agosto de 2019, en la cual se expone que cuatro personas vinculadas a la UNE están sindicadas por la supuesta comisión de los delitos de financiamiento electoral ilegal y asociación ilícita.

Por otro lado, cabe recordar que a mediados de 2015 la CICIG, en un comunicado, expresó: “Durante la administración de Álvaro Colom operaron por lo menos dos estructuras de financistas que se beneficiaron con el ejercicio del poder: a) Gloria Torres: una de las estructuras de corrupción más cercanas a la Presidencia fue la que construyó la hermana de la entonces esposa del Presidente, Sandra Torres (…), quien fue una de las fundadoras de la UNE y tuvo a su cargo la organización del partido. Ello le permitió relacionarse con todos los candidatos a alcaldes y alcaldes en funciones de esta organización, y b) Obdulio Solórzano Montepeque: lo que se presenta es la participación de un presunto miembro de un grupo dedicado al narcotráfico en posiciones importantes de gobierno. Solórzano, financista de la UNE, fue postulado y electo, en 2003 y por este mismo partido, como diputado por Escuintla; a principios del gobierno de Álvaro Colom fue nombrado director de Fonapaz. Su gestión al frente de esta entidad estuvo caracterizada por denuncias de corrupción”.

En todo caso, a la presente fecha, el Registro de Ciudadanos del TSE no ha resuelto sobre si el partido UNE debe cancelarse o no, a pesar de los graves señalamientos que pesan contra esa organización política. Lo anterior, sin perjuicio de que el TSE ha sido omiso en investigar el financiamiento electoral durante el proceso electoral de 2019. 

Claramente, este tortuguismo en el procedimiento de cancelación del partido UNE, que contrasta con otros procedimientos expeditos de cancelaciones partidarias, como ya indicamos, aseguró a los diputados de la UNE (54 de 160) electos en las cuestionadas elecciones legislativas celebradas el 16 de junio de 2019, plagadas de anomalías e irregularidades que continúan bajo investigación del MP (que se han calcado en otras elecciones realizadas en Latinoamérica) ocupar cargos directivos y de representación en la actual legislatura, en fraude de la Constitución y de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP). 

Por cierto, ha trascendido que varios de los actuales magistrados del TSE, al igual que los de la magistratura anterior, están vinculados al partido UNE, extremo que podría evitar que esa organización política sea cancelada y, por el contrario, tenga vigencia para participar, con las mismas ventajas que le aseguró la reforma de la LEPP aprobada en 2016, en el proceso electoral realizado en 2019, en los comicios que se llevarán a cabo en 2023, ya que difícilmente la bancada de diputados de la UNE apoyarán una reforma integral y pertinente de la LEPP, que exige para su aprobación las dos terceras partes de los diputados.

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