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Editoriales

Denuncia de criminalización de los liderazgos democráticos

opinion

El pasado martes, 18 expresidentes iberoamericanos, en el marco de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, suscribieron la Declaración sobre la Criminalización de los Liderazgos Democráticos. Los firmantes son: Óscar Arias (Costa Rica), José María Aznar (España), Nicolás Ardito Barletta (Panamá), Felipe Calderón (México), Rafael Ángel Calderón (Costa Rica), Alfredo Cristiani (El Salvador), Vicente Fox (México), Federico Franco (Paraguay), Eduardo Frei (Chile), Lucio Gutiérrez (Ecuador), Osvaldo Hurtado (Ecuador), Jamil Mahuad (Ecuador), Mireya Moscoso (Panamá), Andrés Pastrana (Colombia), Jorge Tuto Quiroga (Bolivia), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Álvaro Uribe (Colombia) y Juan Carlos Wasmosy (Paraguay).

Los exmandatarios expresan en la Declaración que “observan con preocupación y alertan a la opinión pública internacional sobre el proceso de secuestro del lenguaje democrático por las izquierdas radicales antidemocráticas que aún subsisten en la región, después de la caída de la Cortina de Hierro hace 30 años. El propósito deliberado es el vaciar de contenidos a la experiencia de la democracia prosternando sus elementos esenciales, usando de estos para alcanzar el poder y sostenerlo a contravía de la alternabilidad en su ejercicio, y así, mediante formas constitucionales, desmantelar el Estado de derecho y las mismas garantías democráticas de los derechos humanos”. Asimismo, señalan: “En ese mismo orden predican una llamada guerra híbrida o guerra jurídica, que sería parte de esta (lawfare), para señalar que han sido víctimas de dicha práctica ominosa; pero que, antes bien, la implementan actualmente los gobiernos aliados de esa izquierda antidemocrática a fin de criminalizar a las oposiciones que de modo auténtico defienden los valores de la democracia y la libertad. El encarcelamiento y la sistemática criminalización de líderes políticos y sociales que discrepan abiertamente de los regímenes de Cuba y de sus colonias en Venezuela y Nicaragua son aleccionadores al respecto”.

También puntualizan: “En Cuba han sido detenidos con violencia y judicializados 700 cubanos por las manifestaciones en pedido de libertad del 11J, mientras que en Nicaragua han sido detenidos y judicializados cinco precandidatos a las elecciones presidenciales de noviembre, acusándolos de atentar contra la soberanía ‘por incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares’, incluyendo a comunicadores sociales. En Venezuela, tras la simulación de otro intento de diálogo en medio de la represión y la violencia que se hace extensiva en el marco de una severa crisis humanitaria provocada por su régimen, este opta por perseguir al presidente interino, Juan Guaidó, y encarcelar al diputado Freddy Guevara, uno de los líderes promoventes del mencionado diálogo como parte del Acuerdo de Salvación Nacional. En Bolivia, tras un proceso de sucesión constitucional avalado y reconocido por la OEA, la ONU, la UE, China y Rusia, luego de la renuncia del entonces presidente Evo Morales, sus nuevas autoridades revierten la narrativa, acusan a los medios de comunicación independientes, persiguen a quienes evitaron que el señalado incidente no comprometiese la viabilidad democrática boliviana, y ahora se judicializa a los expresidentes que aseguraron dicha transición”. 

Finalmente, los expresidentes expresan: “A la vez, se intenta manipular este caso para perseguir, con el concurso del gobierno actual de la Argentina, al expresidente Mauricio Macri, a quien sus adversarios de la izquierda antidemocrática han marcado como objetivo y le abren causas judiciales sin asidero real o por discrepancias manifiestamente políticas. No huelga señalar que, en el caso de este, bajo la dirección del actual gobernante argentino adquiere su plena significación la guerra híbrida y jurídica diseñada por la señalada extrema izquierda antidemocrática en las Américas; por lo que se hace imperativo hacerle un llamado a la Administración de Justicia, a los jueces y fiscales, al objeto de que no olviden que en sus manos reposa en última instancia el destino de las libertades democráticas”.

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