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Editoriales

Movilizaciones convocadas para hoy

opinion

El Parlamento Xinka y la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán anunciaron que hoy llevarán a cabo protestas en todo el territorio nacional, para repudiar la destitución del fiscal de sección de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, y, asimismo, para exigir la renuncia del gobierno y de la fiscal general de la República.

Nuestra Constitución y las leyes ordinarias vigentes reconocen y protegen los derechos de reunión pacífica y de manifestación, así como el derecho de libre tránsito y locomoción. Efectivamente, la Constitución indica: “Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. Los derechos de reunión y de manifestación no pueden ser restringidos, disminuidos o coartados; y la ley los regulará con el único objeto de garantizar el orden público”, y, asimismo, la Carta Magna establece: “Toda persona tiene libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional y cambiar de domicilio o residencia, sin más limitaciones que las establecidas por la ley”.

Entonces, la deducción lógica es que el ejercicio de los derechos de reunión pacífica y manifestación no puede menoscabar o limitar el derecho de libre tránsito y locomoción, porque el límite del ejercicio de un derecho es cuando este (el de manifestación, por ejemplo) colisiona con el ejercicio de otro derecho (el de libre tránsito y locomoción, por ejemplo). En todo caso, si el ejercicio del derecho de manifestación va en menoscabo del derecho de libre tránsito y locomoción, entonces la autoridad debe intervenir inmediatamente en defensa de este último.

Por otro lado, la protesta convocada no debe perjudicar la actividad económica, que, por cierto, está en proceso de lenta reactivación, después de una paralización casi total como consecuencia de las medidas de contención y mitigación de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2. Además, esta manifestación no debe poner en riesgo la salud pública, por lo que los manifestantes deben someterse a las correspondientes medidas sanitarias y de seguridad dictadas por el Gobierno, para evitar el contagio del COVID-19.

Asimismo, debe tenerse presente que el Código Penal incorpora delitos y sanciones que castigan con penas de prisión a quienes obstruyan o bloqueen vías de comunicación y que, por ende, limiten la libre locomoción y tránsito.

Por tanto, demandamos de las autoridades competentes la aplicación irrestricta de la Constitución y de las leyes vigentes, para que, por un lado, se protejan los derechos de reunión pacífica y manifestación y, por otro, también se defiendan los derechos de libre tránsito y locomoción, de libre comercio, industria y trabajo, así como los derechos a la salud y a la seguridad pública.

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