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Editoriales

Contratación bajo cláusula de confidencialidad

opinion

Como es del conocimiento público, el Gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), y la entidad privada Human Vaccine, vinculada al Gobierno ruso, celebraron un contrato por medio del cual esta última le vendió a aquel 16 millones de dosis de la vacuna Sputnik V, por la suma de Q1.2 millardos, de la cual el Gobierno guatemalteco le desembolsó el 50 por ciento, en abril pasado, o sea Q614.5 millones, que, en teoría, cubriría las primeras 8 millones de dosis. Sin embargo, después de tres meses, el Estado de Guatemala ha recibido únicamente 350 mil dosis, aunque el contratista había prometido que la primera entrega de vacunas sería de 2 millones de dosis.

A raíz de que el contratista no ha cumplido con sus obligaciones contractuales, a pesar de haber recibido la mitad del precio pactado, la Contraloría General de Cuentas (CGC) y el Ministerio Público (MP) han iniciado investigaciones en torno a la referida contratación, estableciendo algunos hallazgos: 1) La adquisición de vacunas se encuentra regulada en el Decreto 1-2021 del Congreso, el cual dispone que tanto el MSPAS como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social deben adquirir las dosis de vacunas directamente del fabricante, que en el caso de Rusia sería el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, y no a través de intermediarios, como ocurrió en este caso. 2) El contrato que se suscribió incorpora una cláusula de confidencialidad, que el Gobierno ha advertido que podría invalidar la contratación si se quebranta, bajo la asunción, por supuesto, de que todavía no se ha agotado la vía del arreglo directo entre los contratantes, en función de la adquisición de las indicadas vacunas, que siguen siendo vitales para nuestro país. 3) El Gobierno de la República, antes de concretar la negociación de adquisición de vacunas, no recabó dictamen favorable de la Procuraduría General de la Nación, que es el órgano asesor y consultor del Estado, ni del MP, cuya principal finalidad es velar por el cumplimiento estricto de la ley.

Dentro del proceso de investigación que ha avanzado la Fiscalía contra la Corrupción del MP y la CGC se ha solicitado al MSPAS que entregue copia del referido contrato de adquisición de vacunas; sin embargo, este se ha resistido, bajo el argumento de la existencia de la indicada cláusula de confidencialidad, que si se quebrantare podría liberar al contratista de sus obligaciones o detonar algún pago indemnizatorio a cargo del Estado de Guatemala.

La Fiscalía contra la Corrupción del MP ha advertido que solicitará a un juez que ordene al MSPAS entregar el referido documento, extremo que nos parece lo más sensato y procedente, ya que, por un lado, el MSPAS quedaría relevado de responsabilidad al serle requerida la entrega por el juzgador y, por otro, este, de acceder a lo solicitado por el MP, asumiría la responsabilidad de garantizar el respeto y preservación de la confidencialidad pactada, y con ello mantener incólumes los derechos y obligaciones de los contratantes, sobre todo considerando que el Estado de Guatemala todavía no ha denunciado judicialmente el incumplimiento contractual. 

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