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Editoriales

Un Estado carcelario en Nicaragua

opinion

La dictadura sandino-socialista de la pareja de Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo Zambrana (el régimen de los Ortega-Murillo), apodada como el Ortegato, que se asimila, en gran medida, al Somozato, que fue el régimen despótico de Anastasio Somoza Debayle (1967-1979), especialmente en cuanto a la concentración de poder y a la represión brutal contra la oposición política y la disidencia, continúa adoptando medidas demenciales.

En los últimos días, la tiranía mafiosa de los Ortega-Murillo apresó, entre otros, a los líderes políticos opositores Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro García y José Pallais, algunos de ellos aspirantes a la Presidencia de la República en las elecciones que, en principio, se celebrarán el 7 de noviembre de este año. Asimismo, fueron arrestados José Adán Aguerri Chamorro, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), y la dirigente opositora Violeta Granera.

El Ortegato justifica los referidos encausamientos penales principalmente en que los apresados son responsables de “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares”, así como por “organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras contra el país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación”.

Los políticos opositores arrestados automáticamente han quedado inhabilitados para optar a cargos de elección popular, por lo que los Ortega-Murillo se están asegurando de que nadie les dispute la reelección presidencial y vicepresidencial en los comicios que se avecinan y, al mismo tiempo, perpetuarse cómodamente en el ejercicio del poder político.

En todo caso, cabe advertir que, a partir del 18 de abril de 2018, a raíz de las protestas derivadas de la reforma del INSS, la represión gubernamental en Nicaragua se volvió terrible y sangrienta. La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) estima que las fuerzas del orden público y grupos incontrolados del régimen sandinista han asesinado entre 450 y 535 personas; asimismo, han sido responsables de la desaparición de 1,300 personas, de cientos de presos políticos y del exilio de más de 100 mil nicaragüenses.

Luis Almagro, secretario general de la OEA, ha pedido “al Consejo Permanente la realización de una reunión de urgencia, en la cual (…) debería considerarse la activación de mecanismos necesarios para la aplicación a Nicaragua del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana”, que supone la suspensión de Nicaragua como miembro de la OEA.

A pesar de las sanciones y de las condenas contra el régimen de los Ortega-Murillo, este, además de burlarse y mofarse explícitamente de la comunidad internacional, sigue estando apuntalado por las bayonetas de los militares sandinistas, por las “turbas divinas”, que son las milicias clientelares sandinistas, armadas hasta los dientes, que siembran el terror entre la población civil desarmada y vulnerable, y por las organizaciones que propugnan la implantación del socialismo del siglo XXI en América Latina.

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