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Editoriales

Juzgamiento de crímenes de lesa humanidad en Venezuela

opinion

La fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Fatou Bensouda ha confirmado que el caso de crímenes de lesa humanidad contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela cumple “con la mayoría de los criterios para la apertura de una investigación preliminar”.

“Para la situación de Venezuela siempre he indicado que ahora estamos en el proceso de examinar la situación y que se han cumplido la mayoría de los criterios para la apertura de una investigación preliminar”, expresó la fiscal de la CPI en una entrevista con France 24. En diciembre de 2020, la fiscal Bensouda, en su informe anual, afirmó que, en efecto, “existen fundamentos razonables para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela”. “La Fiscalía ha concluido que la información disponible en esta etapa brinda un fundamento razonable para creer que, al menos desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física, en violación de normas fundamentales de derecho internacional”, se señala en ese informe.

En un comunicado, la CPI enumeró las fuerzas de seguridad del régimen de Maduro cuyos miembros son presuntamente responsables de los crímenes: la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas CICPC), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) y ciertas otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Asimismo, en el informe de marras también se hace referencia a las milicias paramilitares al servicio de la dictadura chavista, conocidas como “colectivos”, e indica que actuaron “junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento”. “En relación con el presunto rol de los actores mencionados, “el/los caso(s) potencial(es) identificados por la Fiscalía no estarían limitados a estas personas o grupos de personas y se procuraría examinar la presunta responsabilidad de aquellos que parezcan ser los máximos responsables por tales crímenes”. En el informe también se relaciona la persecución política, al señalar: “La información disponible indica que individuos a favor del gobierno también participaron en la represión de opositores del Gobierno de Venezuela, o gente percibida como tal, principalmente actuando junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento”. Finalmente, cabe advertir que el informe de la fiscal ya fue trasladado a la Sala de Cuestiones Previas de la CPI, donde se decidirá si va a haber un juicio o si cierra el caso.

La CPI es un tribunal de justicia criminal internacional de carácter permanente, cuya misión es juzgar y castigar a las personas (no a los Estados) que han cometido crímenes (asumidos como internacionales) de genocidio, de guerra, de lesa humanidad (como la esclavitud, el apartheid, el exterminio, deportación, traslado forzoso, desaparición forzada, tortura, violación y asesinato, entre otros) y de agresión. Por otro lado, la CPI se instaló como institución permanente, con facultades para ejercer jurisdicción complementaria sobre personas individuales respecto de delitos internacionales, y para actuar dentro de cualquier Estado parte (Venezuela es un Estado parte). Tiene su sede en La Haya, Holanda, y está vinculada a la ONU. Actúa en forma complementaria de las jurisdicciones nacionales y solo será competente luego de que se constate que un Estado no puede o no quiere enjuiciar a los responsables de los delitos internacionales.

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