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Editoriales

Veto conforme al libreto

opinion

El veto presidencial a la reforma a la Ley de Contrataciones es una decisión, en apariencia, correcta. Una pírrica victoria para quienes se opusieron a la malograda reforma; difícilmente los alcaldes y sus aliados cederán fácilmente el terreno que ya habían ganado. Es cosa de tiempo para que los mismos vuelvan a las andadas. Por más que argumenten que buscan asegurar que las compras públicas sean efectivas, oportunas, de calidad, a buen precio, en condiciones competitivas, que redunden en beneficio de la población y en condiciones de honestidad. Todo mundo sabe que hace falta mucho más que solamente modificar esta ley. Pretender alcanzar tales objetivos solamente mediante modificaciones a un instrumento jurídico sería equivalente a pretender resolver los problemas de tránsito solamente reformando la ley y reglamento respectivo, haciendo caso omiso de las deficiencias existentes en la infraestructura; de la poca cultura vial de los conductores; de la incapacidad para hacer cumplir las normas de tránsito; del mal estado del parque vehicular; y de la limitada oferta y mala calidad del transporte público.

En palabras que todo mundo entiende: “Si hecha la ley, hecha la trampa”, modificar la ley no garantiza absolutamente nada. Así de sencillo. En todo caso, si se desea evitar la trampa, más que cambiar la ley habría que asegurar que quienes se rigen por ella no sean tramposos; si esto no se puede garantizar, al menos, no dejar abiertas las arcas del tesoro público, para evitar que “hasta los justos pequen”; y si esto tampoco se puede garantizar, asegurar que los tramposos sean detectados y castigados ejemplarmente.  Elementos que no muy pocos políticos y altos funcionarios públicos parecieran estar interesados en asegurar. En general, pareciera que en las altas esferas de la política y la tecnocracia no existe interés por reconocer la naturaleza de los problemas que se pretenden resolver mediante la Ley de Contrataciones. Es difícil saber si esto se debe a un positivismo jurídico extremo, que supone que cualquier tipo de problema se puede resolver mediante un instrumento jurídico, a un iluso anhelo de reforma, que en su ingenuidad simplifica hasta el absurdo la complejidad del sistema de compras públicas; o a un avieso libreto que dicta que hay que dar la apariencia que todo cambia para que todo siga igual.

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