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Editoriales

Designación del presidente del IGSS

opinion

El presidente de la República, Alejandro Giammattei, debe nombrar al nuevo presidente de la Junta Directiva (JD) del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), para un nuevo periodo de funciones de seis años, comprendido del 3 de junio de 2021 al 3 de junio de 2027.

El objeto principal del régimen de seguridad social es brindar protección mínima a toda la población del país, a base de una contribución proporcional a los ingresos de cada uno y de la distribución de beneficios a cada contribuyente o a sus familiares que dependen económicamente de él, procediendo en forma gradual y científica que permita determinar tanto la capacidad contributiva de la parte interesada, como la necesidad de los sectores de la población de ser protegidos por alguna o varias clases de beneficios, habiéndose principiado solo por la clase trabajadora, con miras a cubrirla en todo el territorio nacional, antes de incluir dentro de su régimen a otros sectores de la población.

Conforme la Ley Orgánica del IGSS, todos los miembros de la JD tienen igualdad de derechos y obligaciones, excepto el presidente, a quien corresponde, además, presidir las sesiones, decidir con doble voto los asuntos en que haya empate, mantener frecuente contacto con el gerente, para el efecto de facilitar las labores de este y las de la JD; y, en consecuencia, percibir cada mes la remuneración adicional que indique el Presupuesto General de gastos del IGSS. 

Los miembros de la JD del IGSS, propietarios o suplentes, deben llenar los siguientes requisitos: a) ser guatemaltecos naturales, mayores de 25 años, menores de 70 años, del estado seglar y ciudadanos en ejercicio; b) poseer honorabilidad e independencia de criterio reconocidas; c) ser versados en materias económico-sociales; y d) poseer condiciones de capacidad y experiencia profesionales o prácticas ampliamente reconocidas.

En nuestra opinión, los trabajadores y patronos que contribuyen al régimen de seguridad social no deberían permitir que el gobierno continúe teniendo injerencia y control sobre el IGSS, a través del presidente de la JD y de los gerentes y subgerentes.

Entonces, lo procedente sería exigir al Congreso que reforme la Ley Orgánica del IGSS, en el sentido de que el gobierno de turno no sea el que nombre al presidente de la JD del IGSS, ni al gerente y subgerentes, y que se blinde la autonomía de este a través de entregarlo, para su dirección y administración, a los trabajadores y patronos debidamente organizados al efecto, quienes son los únicos que aportan para los programas del IGSS.

Por cierto, aunque la Constitución establece que “el Organismo Ejecutivo asignará anualmente en el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado, una partida específica para cubrir la cuota que corresponde al Estado como tal y como empleador, la cual no podrá ser transferida ni cancelada durante el ejercicio fiscal y será fijada de conformidad con los estudios técnicos actuariales del Instituto”, esto, dado que festinadamente no se presupuesta anualmente por el Ministerio de Finanzas Públicas, deviene en una disposición lírica, es decir en una norma vigente no positiva.

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