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Editoriales

Horrendos asesinatos en la cárcel de Cantel

opinion

El pasado miércoles, a raíz de un supuesto motín de reclusos, se produjeron 7 asesinatos, por decapitación, de reos que se encontraban encarcelados en la Granja Modelo de Rehabilitación Cantel, localizada en el Departamento de Quetzaltenango. Por cierto, ha trascendido que el ensañamiento brutal de los victimarios fue sádico, escandaloso y horrendo.

Increíble que se registre un cruento hecho de sangre tal en un penal que se denomina “Granja Modelo de Rehabilitación”, supuestamente un lugar de reclusión en donde están cautivos los condenados por la justicia oficial, bajo la supuesta protección del Estado, que debe velar porque se garanticen plenamente sus derechos humanos fundamentales, especialmente el derecho a la vida. Sin duda, este es otro síntoma elocuente de un Estado fallido, corrupto y deshumanizado.

Hasta la saciedad hemos señalado que, dada la absoluta precariedad del sistema penitenciario guatemalteco, caer en la cárcel, para supuestamente ser rehabilitado, es prácticamente el equivalente a caer en el infierno, en donde cualquier abuso, atentado, escarnio o venganza puede ocurrir.

La problemática estructural del sistema penitenciario solamente se resolverá a través del diseño de una política penitenciaria del Estado, que debe comenzar por la modernización del sistema y que se cuente con los fondos necesarios para el efecto. 

En otras palabras, el sistema penitenciario debe dejar de ser la Cenicienta del Sector Justicia del país. Sin duda, el desafío es inmenso, porque tiene que ver con la reestructuración completa del sistema de reclusión, lo cual involucra la redefinición de sus objetivos, la formulación de nuevas políticas, así como el diseño y ejecución de una estrategia acorde con los nuevos objetivos y políticas. 

La Constitución de Guatemala establece: “El sistema penitenciario debe tender a la readaptación social y a la reeducación de los reclusos y cumplir en el tratamiento de los mismos, con las siguientes normas mínimas: (i) Deben ser tratados como seres humanos; no deben ser discriminados por motivo alguno, ni podrán infligírseles tratos crueles, torturas físicas, morales, psíquicas, coacciones o molestias, trabajos incompatibles con su estado físico, acciones denigrantes a su dignidad, o hacerles víctimas de exacciones, ni ser sometidos a experimentos científicos; (ii) Deben cumplir las penas en los lugares destinados para el efecto. Los centros penales son de carácter civil y con personal especializado; y (iii) Tienen derecho a comunicarse, cuando lo soliciten, con sus familiares, abogado defensor, asistente religioso o médico, y en su caso, con el representante diplomático o consular de su nacionalidad”.

En suma, exigimos al Ministerio de Gobernación y al Ministerio Público el pronto esclarecimiento de este espantoso crimen múltiple, para que se deduzcan las responsabilidades legales en contra de los autores materiales e intelectuales, así como en contra de las autoridades responsables de preservar un clima penitenciario dentro del cual se respeten y garanticen plenamente los derechos humanos fundamentales de los reclusos.

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