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Editoriales

Pende la designación de magistrados de la CC por Usac y CANG

opinion

Como es del conocimiento público, la designación de magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad (CC) por el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), recaída en la abogada Gloria Porras, y las designaciones de los magistrados titular y suplente de la CC, recaídas en los abogados Néster Vásquez  y  Carolina Paniagua, por la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), se encuentran impugnadas; y, por ende, dichos abogados no pudieron ser juramentados por el Congreso ni tomaron posesión de los cargos de magistrados de la CC el pasado 14 de abril.

La Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad (LAEPC) establece que la designación de magistrados titulares y suplentes por el CSU de la Usac y por la Asamblea General del CANG se hará por mayoría absoluta de votos de los miembros presentes en el acto electoral en votación secreta.

Sin embargo, la designación de los magistrados de la CC por el CSU de la Usac no se llevó a cabo a través de voto secreto, sino por medio de votación pública, en contravención a la LAEPC; en tanto que en la designación de los magistrados de la CC por la Asamblea del CANG, aunque se realizó mediante voto secreto, se cuestiona la idoneidad de los designados, que, en teoría, se calificó al momento de que el Tribunal Electoral del CANG inscribió las candidaturas.

 Por otro lado, la LAEPC establece que los magistrados de la CC deberán ser escogidos preferentemente entre personas con experiencia en la función y administración pública, magistraturas, ejercicio profesional y docencia universitaria, según sea el órgano del Estado que lo designe.

Por tanto, las designaciones de los magistrados de la CC por el CSU de la Usac deben recaer preferentemente en docentes universitarios, como ha sido el común denominador desde 1986, mientras que las designaciones de los magistrados de la CC por la Asamblea del CANG deben recaer preferentemente en quienes hubieren ejercido la profesión de abogado. De esa cuenta, los aspirantes, a la hora de postularse, deben ostentar esas calidades, ya que, de lo contrario, tendrían impedimento absoluto para optar a las magistraturas.

Si el CSU de la Usac o el Tribunal Electoral del CANG no hubiesen acatado las indicadas disposiciones legales, las respectivas designaciones de magistrados de la CC deben ser declaradas inválidas y procederse a la repetición de los respectivos procedimientos de designación. ¡Dura lex sed lex!

En todo caso, resulta irregular que los magistrados de la CC, tanto titulares como suplentes, cuyo periodo de funciones venció el 13 de abril de este año, continúen ejerciendo indefinidamente, aunque la LAEPC en este caso concreto lo permite, al igual que ha venido ocurriendo con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones, cuyos periodos de funciones vencieron el 13 de octubre de 2019, es decir hace más de un año y siete meses, en franca violación a lo que manda la Constitución y la Ley de la Carrera Judicial.

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