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Editoriales

En torno a la reforma de la Ley de Oenegés

opinion


Como se recordará, el Congreso, mediante el Decreto 4-2020 publicado en la edición del diario oficial del 28 de febrero de 2020, reformó la Ley de Organizaciones No Gubernamentales (oenegés) y el Código Civil, esta última enmienda en relación a las asociaciones civiles. Contra la entrada en vigencia de dichas disposiciones legales se plantearon diversas acciones de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), lo que provocó que este dejara en suspenso la entrada en vigencia del mencionado decreto.

En la parte considerativa del Decreto 4-2020 del Congreso, se expresa “que es necesario establecer que las organizaciones no lucrativas se desempeñen de conformidad con sus estatutos, con la transparencia del caso mediante la inscripción en las distintas entidades del Estado que tengan relación con sus fines, para que obligatoriamente rindan cuentas de sus gestiones y actividades para las que fueron creadas y evitar con ello la utilización de los recursos con que cuentan, sin importar su procedencia, que puede ser nacional o extranjera, estableciendo claramente su actuar con base a sus estatutos, y no se dediquen a actividades sesgadas, para el cual fueron creadas, facilitándoles con ello el cumplimiento de sus fines y objetivos”.

En el respectivo texto normativo del decreto de marras se obliga a las oenegés a inscribirse en el Registro de las Personas Jurídicas (Repeju) del Ministerio de Gobernación (Mingob), en la Segeplan y en la SAT. Asimismo, se establece que en los casos en que las oenegés reciban donaciones y financiamientos nacionales o extranjeros, cualquiera que sea su destino, las oenegés tienen que extender a nombre de las personas o entidades donantes los recibos que acrediten la recepción de los mismos, los que deben efectuarse en los formularios autorizados por la SAT e informar al Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando sean donaciones y financiamientos de fuente externa, dentro de los 30 días siguientes a su recepción, acerca de las cantidades recibidas, procedencia y destino, con la finalidad de rendir cuentas a las entidades correspondientes. Se dispone también que ninguna donación o financiamiento externo puede usarse para realizar actividades que alteren el orden público en el territorio nacional. Por otro lado, se dispone que si una oenegé utiliza donaciones de financiamientos externos para alterar el orden público será inmediatamente cancelada en el Repeju del Mingob y sus directivos responsables serán imputados penal y civilmente.

Finalmente, se establece que las asociaciones civiles y las oenegés podrán disolverse por la voluntad de la mayoría de sus miembros y por las causas que determinen sus estatutos, así como que pueden disolverse por acuerdo de la autoridad respectiva a pedido del MP, Mingob, de la SAT o la Contraloría de Cuentas, cuando se compruebe que sus actividades son contrarias a la Ley y al orden público.

La CC, en una reciente sentencia, denegó, en definitiva, los amparos interpuestos en contra del Congreso y del Presidente; y, asimismo, revocó el respectivo amparo provisional. Dicho fallo se fundamenta en que “esta Corte considera que los actos de sanción y promulgación de una ley no pueden ser constitutivos de amenaza, porque la misma Constitución establece que corresponde al Presidente de la República sancionar, promulgar y publicar los proyectos de ley que el poder Legislativo le envíe. En consecuencia, resulta impropio y desacertado pretender evitar, por medio del amparo, que tal autoridad cumpla una de sus funciones constitucionalmente asignadas”.

Es decir que la CC no entra a analizar el fondo de las disposiciones legales aprobadas por el Congreso y sancionadas por el Ejecutivo, como se ha pretendido hacer creer por algunos activistas, sino que únicamente ha viabilizado que las mismas cobren vigencia, lo que supone que quienes estimen que las mismas son incompatibles con la Constitución puedan objetarlas a través de los medios de impugnación que garantiza la Ley. Sin duda, preocupan sobremanera las disposiciones que facultan a entidades estatales a solicitar y acceder a la cancelación de oenegés y asociaciones civiles, por considerar que las mismas están atentando en contra del orden público, o sea en contra del normal funcionamiento de las instituciones públicas y privadas.

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