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Editoriales

Más expropiaciones exprés en Venezuela

opinion

El viernes pasado, la dictadura de Nicolás Maduro procedió a embargar el edificio del diario ‘El Nacional’, ubicado en Caracas, Venezuela, hasta por la suma de US$13 millones, a la cual se condenó a pagarle a Diosdado Cabello, quien junto a Maduro gobierna Venezuela, por supuestos daños morales causados por los dueños del referido periódico, en el ejercicio de la libertad del pensamiento y expresión.

Cabello demandó al diario ‘El Nacional’ en 2015, a raíz de que este y otros diarios nacionales e internacionales replicaron reportes de medios españoles que vinculaban a Cabello con el narcotráfico y al Cartel de Los Soles.

“Si no pagas en efectivo, tenemos que ejecutar los bienes para resarcir los daños porque yo sí tengo moral”, le dijo Cabello al presidente de ‘El Nacional’, Miguel Henrique Otero, durante el programa oficialista “Con el mazo dando”, que se difunde a través del canal estatal ‘Venezolana de Televisión’ (‘VTV’) y, desde el cual, ataca a disidentes y opositores políticos.

“Diosdado es el hombre que tiene más poder en Venezuela (…). Controla los tribunales, el aparato del PSUV, la represión, los ingresos porque su hermano controla los impuestos y además, es la vocería porque tiene un programa todos los miércoles donde tira todas las líneas agresivas. O sea que tiene el poder. Maduro tendrá los ministros, los cubanos, las FARC y el ELN, pero el poder real lo tiene Diosdado Cabello. Esa es la realidad”, afirmó Otero en una entrevista en ‘Infobae’.

Esta decisión expropiatoria de la autocracia venezolana ha sido vista como una reedición de las expropiaciones exprés que ordenaba el exdictador Hugo Chávez Frías (1999-2013), fuese desde el despacho de gobierno o a su paso por distintos lugares del territorio venezolano, bajo el exabrupto: ¡Exprópiese! Cabe tener presente que estas decisiones arbitrarias fueron los detonantes de la masiva desinversión privada, de la fuga de capitales, de la salida del país de decenas de miles de empresarios y profesionales, así como del desplome de la economía venezolana.

En todo caso, la Constitución de Guatemala dispone: “La actividad de los medios de comunicación social es de interés público y estos en ningún caso podrán ser expropiados. Por faltas o delitos en la emisión del pensamiento no podrán ser clausurados, embargados, intervenidos, confiscados o decomisados, ni interrumpidos en su funcionamiento las empresas, los talleres, equipo, maquinaria y enseres de los medios de comunicación social”, por lo que la acción arbitraria promovida por Cabello no podría plantearse ni prosperar en Guatemala.

En todo caso, rechazamos este nuevo atentado en contra de la libertad de expresión de ideas por parte del régimen totalitario de Nicolás Maduro y demandamos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en forma conjunta con el Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, así como del Relator Especial de ONU sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, que, inmediatamente, denuncien este nuevo atropello en contra de la libertad de pensamiento y expresión en Venezuela, y exijan el restablecimiento del referido derecho conculcado, bajo una perspectiva estrictamente jurídica.

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