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Editoriales

Veto presidencial

opinion

Como es del conocimiento público, el Congreso aprobó, mediante el Decreto Número 4-2021, un proyecto de reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, alentado por la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), por medio del cual el monto de las contrataciones de baja cuantía se eleva de Q25 mil a Q100 mil, el monto de la compra directa se eleva hasta de Q90 mil a Q200 mil, el monto de la cotización se eleva de Q900 mil a Q2 millones y el monto de la licitación para contrataciones arriba de esta última cifra, extremo que flexibiliza los parámetros de adquisiciones y contrataciones, así como otorga a las entidades estatales más capacidad de gasto público sin mayores restricciones, facilitando con ello la opacidad, la discrecionalidad, el sobrecosto y el despilfarro.

En todo caso, debe tenerse presente que a la elevación del umbral de los montos a contratar deben sumarse otros cobros ilegales que han venido imponiendo las municipalidades, tales como la Tasa de Alumbrado Pública, avalada por la Corte de Constitucionalidad (CC), y las arbitrarias revaluaciones inmobiliarias que en varias municipalidades se han convertido en un caballito de batalla para cobrar un desaforado Impuesto Único sobre Inmuebles (IUSI) en medio de la pandemia del COVID-19 y de la crisis económica resultante.

Dicho decreto, de acuerdo con la Constitución, debe ser trasladado al presidente Alejandro Giammattei para que lo sancione o lo vete, es decir para que lo autorice o lo rechace. Si lo autoriza deberá enviarlo para su publicación en el diario oficial, en tanto que si lo rechaza deberá devolverlo al Congreso, para que este analice los argumentos presidenciales y decida si los acepta o no.

Sin embargo, el veto no es una potestad absoluta, porque, de conformidad con nuestra Constitución, si el Congreso no acepta las razones del veto con el voto favorable de, por lo menos, las dos terceras partes del número de diputados, el Presidente debe obligadamente sancionar y promulgar (ordenar su publicación en el diario oficial) el respectivo decreto. En este caso, si el gobernante no sanciona ni promulga el mismo, dentro del plazo constitucional, la Junta Directiva del Congreso debe ordenar su publicación dentro de un plazo que no exceda de tres días, para que cobre vigencia y surta sus efectos.

En nuestra opinión, dadas las deficiencias indicadas, el referido decreto debería ser vetado por el presidente Giammattei, para que sea revisado, con mayor detenimiento y profundidad, por el Congreso.

En todo caso, no procede su impugnación antes de ser sancionado y promulgado por el Presidente, dado que el proceso legislativo (iniciativa, discusión, aprobación, sanción y promulgación) no se ha agotado, por lo que hasta que el indicado decreto sea publicado en el diario oficial procedería su impugnación, contrario a lo que “opinó” en ese sentido la anterior magistratura de la CC.

Ojalá el presidente Giammattei, atendiendo al clamor popular, vete el indicado decreto, para evitar las impugnaciones en contra del mismo ante la CC, aunque lamentablemente se duda que esto ocurra.

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