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Editoriales

Investigación electoral clasificada como información reservada

opinion

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), en la Resolución Número 10-2021, de fecha 3 de marzo de 2021, publicada en la edición del diario oficial correspondiente al 26 de abril de 2021, se resuelve “clasificar como información reservada, los expedientes de investigación que se iniciaron a partir del año 2020, que realiza el Inspector General del TSE, debido a su competencia”, hasta por siete años.

El TSE fundamenta su decisión en que “(…) difundir información sobre los expedientes indicados, puede causar serio perjuicio o daño a las actividades de investigación, de conformidad con lo establecido en el Artículo 23, Numeral 4, de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP)”. Dicho artículo establece: “Información reservada. Para los efectos de esta ley se considera información reservada la siguiente: (…) 4- cuando la información que se difunda pueda causar un serio perjuicio o daño a las actividades de investigación, prevención o persecución de los delitos, la relacionada a los procesos de inteligencia del Estado o a la impartición de justicia (…)”.  

No obstante, el Artículo 26 de la LAIP dispone: “Prueba de daño. En caso que la autoridad fundamente la clasificación de reservada o confidencial, la información deberá demostrar cabalmente el cumplimiento de los siguientes tres requisitos: 1- que la información encuadre legítimamente en alguno de los casos de excepción previstas en esta ley; 2- que la liberación de la información de referencia pueda amenazar efectivamente el interés protegido por la ley; y 3- que el perjuicio o daño que pueda producirse con la liberación de la información es mayor que el interés público de conocer la información de referencia”.

La Resolución Número 10-2021 del TSE no cumple con el requisito número 2 contenido en dicho artículo, fundamentalmente porque se desconocen y no se hacen constar cuáles son los expedientes de investigación que se iniciaron a partir del año 2020 en cuestión electoral, que se supone se relacionan con las graves anomalías e irregularidades en que se incurrió durante el malhadado proceso electoral que se llevó a cabo en 2019.

Sin embargo, el TSE, infundadamente, determinó que: “Cumpliendo los requerimientos establecidos en la LAIP; por lo que, habiéndose realizado el análisis correspondiente, este pleno de magistrados determinó que debe calificarse como información reservada los expedientes de investigación que en razón de su competencia realiza el Inspector General y en ese sentido debe resolverse”.

Por tanto, a la luz del principio de máxima publicidad que inspira e informa la LAIP, resulta procedente la impugnación presentada por el Procurador de los Derechos Humanos en contra de dicha resolución y que la misma sea revocada y dejada sin efecto.

En todo caso, cabe advertir que el Artículo 66 de la LAIP establece: “Retención de información. Incurre en el delito de retención de información el funcionario, servidor público o cualquier persona responsable de cumplir la presente ley, que en forma arbitraria o injustificada obstruya el acceso del solicitante a la información requerida. Será sancionado con prisión de 1 a 3 años, con inhabilitación especial por el doble de la pena impuesta, y multa de Q10 mil a Q50 mil. La sanción penal se aplicará sin perjuicio de las responsabilidades civiles correspondientes y los daños y perjuicios que se pudieran generar por la retención de la información.

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