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Editoriales

Otro atentado contra la libertad de prensa en Venezuela

opinion

El pasado domingo, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela indicó que fue informado por el Cuerpo de Bomberos que el incendio que consumió la sede del CNP en el estado Sucre, el lunes 19 de abril, fue provocado.

“Ya recibimos el informe técnico del Cuerpo de Bomberos del estado Sucre sobre el incendio a nuestra sede. Fue provocado. Intencional. Ante esto, exigimos justicia, castigo a los culpables, porque es un atentado más a la libertad de expresión”, expresó el CNP en su cuenta de Twitter.

Asimismo, el CNP aseguró que el objetivo del incendio fue un intento por “callar la lucha que lleva adelante el gremio en defensa de las libertades y de la democracia”, que se ve “vulnerada cuando se violan los derechos humanos que garantiza la Constitución”.

El único propósito, a juicio del CNP, es “controlar todo lo que se informa en el país para que le sea favorable a sus intereses”. “Desde el CNP, exigimos castigo para los responsables, y por supuesto que el Estado cumpla con su rol de proteger y garantizar la seguridad de todos”, enfatiza el CNP.

“Seguiremos firmes luchando por Venezuela, la libertad de expresión, los derechos humanos, la democracia y nuestros agremiados”, afirma el CNP y exhorta al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) a “adelantar las investigaciones”. Finalmente, el CPN exige la detención de “quienes sean responsables de tan terrible hecho”.

Este ataque en contra de la libertad de prensa se suma a la reciente escandalosa resolución del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en contra de ‘El Nacional’, por medio de la cual se condena a ese medio de comunicación a pagar el equivalente a US$13.2 millones (casi Q102 millones) al “número dos” del régimen chavista, Diosdado Cabello, a raíz de una demanda por difamación.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), por su parte, condenó “la violencia sistemática del régimen de Nicolás Maduro a las libertades de expresión y de prensa” y los ataques a periodistas y medios, además de defender al diario ‘El Nacional’ de la referida sentencia judicial, la que considera un “atropello”.

La SIP resolvió “exigir el cese de la persecución y ataques contra periodistas y medios, así como la criminalización de la actividad periodística independiente” en Venezuela.

“Es un grave atropello contra la libertad de prensa y una expoliación usando la fuerza política-judicial para usurpar a un medio de comunicación y de esa manera cercenar el derecho de acceso a la información del pueblo venezolano”, expresa la SIP. 

En Venezuela, agrega la SIP, “no existe independencia institucional, el Poder Judicial está sometido al poder político, y el régimen continúa con su campaña sistemática para acabar con la prensa independiente”.

En Guatemala, la libertad de expresión de ideas también atraviesa por un momento crítico. Sin embargo, el Gobierno se resiste a emitir el Programa de Protección de Periodistas y Comunicadores, al cual se comprometió ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2012, en Ginebra, Suiza.

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